Para el analista político de la BUAP, Paulino Arellanes Jiménez, no hay motivo alguno que justifique el incremento en las tarifas del agua potable, tarifa que recientemente se aprobó en el Congreso del Estado de Puebla, para diversos municipios del estado.

También resaltó que la aprobación del Congreso de Puebla representa una violación a los derechos humanos, debido a que existen jurisprudencias de la Corte Interamericana que ordenan brindar el vital líquido para la subsistencia humana.

En entrevista para Intolerancia Diario, el politólogo indicó que el agua es un bien vital que debe ser garantizado por el Estado mexicano sin afectaciones a la población.

“No es justificable en absoluto el aumento. En primer lugar, estamos pasando una situación de inflación a nivel internacional, nacional y local, además, afecta la salud pública”.

Mencionó que el querer aumentar el precio de un bien común perjudica a las familias promedio, a las cuales no les alcanza los ingresos mensuales para pagar cualquier tipo de incremento.

Abundó que la sociedad está enfrentando una época de inflaciones, lo que es una razón de peso para que se no se avalara la acción referida.

El analista Arellanes Jiménez, hizo un llamado al Estado para intervenir en el asunto a través de subsidios.

Hizo un llamado al estado para intervenir en el asunto a través de subsidios, explicando que este tipo de apoyos lograrían solventar los ajustes técnicos relativos con el suministro del agua.

Por otra parte, indicó que, si el Congreso del Estado de Puebla ya permitió el aumento, este se debe de rechazar con la finalidad de evitar afectaciones a los bolsillos de la ciudadanía.

“Los diputados no se dan cuenta de la afectación social, independientemente de su posición política”.

Señaló que habrá un voto de castigo para los legisladores de Morena que respaldaron las nuevas tarifas del agua debido a que incumplieron con una de las promesas del partido de izquierda.

Dicha promesa, detalló, hace referencia o consiste en no seguir privatizando el suministro del vital líquido en el estado.

“Indudablemente la población se las va a cobrar con el voto de castigo, tal vez ahorita no, porque hay mítines o manifestaciones en el Congreso para que lo deroguen, pero es difícil”.

El académico agregó que, si el incremento ya es una realidad, debe existir una fiscalización fuerte y seria a la empresa administradora para que el servicio sea eficiente.