"En el modelo de seguridad en el estado de Puebla, existen ejercicios de carácter autoritarios donde se han utilizado las instituciones con propósitos ilegítimos", aseveró el coordinador de la Licenciatura en Derecho y responsable de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, Simón Hernández León.
“Donde vemos, por ejemplo, una reiterada tendencia de las policías a las detenciones arbitrarias, muchas de estas con el propósito de cubrir un indicador de eficiencia institucional”.
En ese sentido, agregó que a veces también se nota la actuación discrecional de la Fiscalía General del Estado (FGE) y no con un parámetro técnico de investigación del delito, sino más bien de orden político.
El académico señaló que esta situación afecta la garantía de un Estado de Derecho y al mismo tiempo, provoca que las instituciones funcionen al servicio de los ciudadanos y no desvíen sus intereses a particulares o para grupos específicos.
"El Estado de Derecho en el Estado de Puebla se mantiene en una condición preocupante", señaló Hernández León, pero es algo que viene de un proceso de larga duración.
Donde las instituciones no han tenido la capacidad de garantizar derechos mínimos ni de generar condiciones de acceso a la justicia, de combate a la impunidad, ni de garantía de seguridad pública.
“Estos factores van generando las condiciones para que el Estado de Derecho en Puebla se haya venido precarizando en los últimos años, lo que es responsabilidad de distintas autoridades y de distintas administraciones y de distintos órdenes de gobierno, porque muchos problemas que se tienen en la seguridad pública pasan por el ámbito municipal, estatal y la federación”.
El coordinador de la Licenciatura en Derecho alertó que se puede correr el riesgo que el Estado de derecho esté corrompido desde el propio sistema, desde las Fiscalías o desde los ministerios públicos.
“Hay muestras de incapacidad institucional, de falta de condición que aseguren el funcionamiento óptimo de las instituciones, que esas son problemáticas recurrentes”.
Simón Hernández, añadió que en el tema más preocupante, la seguridad pública, hay una concurrencia de responsabilidad, pero en otros ámbitos como la procuración de justicia, cada orden de gobierno actúa por su cuenta.
“Sobre todo si consideramos que el porcentaje más elevado de delitos que se siguen son los del fuero común, ahí sí tenemos más localizada la responsabilidad que la Fiscalía del Estado”.
En el Poder Judicial del Estado, a pesar de tener un sistema penal acusatorio, modelo de Fiscalía y áreas especializadas, no han logrado que se presenten las mejores condiciones de acceso a la justicia y combate a la impunidad.
“Toda la justicia cotidiana se encuentra en una situación precaria, que involucra estas dos grandes dimensiones, tanto al poder judicial como a la Fiscalía autónoma”, finalizó.