El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, dio a conocer el registro de tres probables feminicidios en el mes de julio, lo que elevaría a 35 el total de casos acumulados en lo que va del año 2022. 

Mediante sus redes sociales, detalló que los días 12 y 29 de julio, Abigail N. y María N. fueron halladas sin vida en los municipios de Huauchinango y Tlachichuca, respectivamente.

Abundó que el 28 de julio, una mujer aún sin identificar fue encontrada sin vida en Atzitzihuacan.

Las dos primeras víctimas tenían 25 años y ambas presentaban señales de violencia física.

Por otro lado, ese organismo jesuita informaron que María N. fue encontrada asesinada cinco días después de ser reportada como desaparecida.

Tenía signos de tortura y su cuerpo se localizó en estado de descomposición. El hallazgo se dio en las cercanías de un rancho.

Por lo que respecta a Abigail N., mencionó que había estado desaparecida tres días previos a que fuera encontrada asesinada y con heridas en su cuerpo realizadas por un arma de fuego.

Su localización se dio en las inmediaciones de Xolango, en los límites del municipio de Huauchinango con Naupan. 

En cuanto a la víctima sin identificar, el cuerpo también presentaba señales de violencia física y de haber estado amarrada.

Según datos periodísticos, fue encontrada encobijada y flotando sobre un jagüey perteneciente al municipio de Atzitzihuacan.

De acuerdo con la Ibero Puebla, algunas de las razones de género identificadas en el Código Penal del Estado de Puebla para catalogar un homicidio violento como feminicidio son la presencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A eso se suma que la víctima haya sido incomunicada o que el cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar.

Cabe recordar que, hasta junio pasado, la Ibero Puebla había indicado un incremento del 33.4 por ciento en el número de feminicidios registrados en el estado de Puebla.

Entre los casos más mediáticos del primer semestre se encuentra el referente a la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, quien fue ejecutada por dos sujetos en motocicleta.

El organismo jesuita ha subrayado la existencia de un subregistro en las cifras recopiladas por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que, muchas agresiones de mujeres no son investigadas como feminicidios, aunque el protocolo así lo exige.