Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), atenta en contra de la vigencia de los derechos humanos en México al violar el orden constitucional y convencional.
En un pronunciamiento de instituciones al interior de la Ibero Puebla, también aseguraron que, con esa decisión se invaden las facultades del Congreso de la Unión.
Los organismos de la Ibero Puebla que firman el comunicado son el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón.
Esas instituciones de la universidad adscrita a la Compañía de Jesús, manifiestaron su rechazo ante el anuncio de un acuerdo presidencial, así como a la propuesta de una reforma constitucional para tal efecto.
En el comunicado indican que, la intención del acuerdo anunciado el pasado lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), atenta contra los derechos humanos.
“La propuesta de un acuerdo presidencial e incluso de una iniciativa de reforma constitucional para tal efecto, evidencia el incumplimiento del Estado mexicano con sus obligaciones internacionales”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado como regla general, que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.
Y agrega que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y ¬focalizada.
En el pronunciamiento, recordaron que la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional estableció el plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de estas labores.
Lo anterior, dicen, al ser una actividad extraordinaria y subordinada al mando civil y por ello el texto constitucional, en su artículo 21, a la letra enfatizó que “la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”.
Por lo tanto, desde la Ibero Puebla, hacen un llamado al Poder Ejecutivo federal a apostar por la revisión y el rediseño de la estrategia de seguridad de carácter integral desde un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana.
Asimismo, lo llaman a trazar una ruta para el retiro de las fuerzas armadas de estas funciones, garantizando la participación de las víctimas y de la sociedad civil en su construcción.
