Puebla vive una crisis en el Poder Judicial en Puebla y sobre todo, en el tipo de justicia criminal, afirmó el abogado Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI).

"Tal parece que no se le pone la atención suficiente. No se están acatando los protocolos de justicia ni de protección a víctimas, hay una crisis bastante severa”.

El académico afirmó que dicha idea está basada en el caso de Mirian, el cual está lleno de corrupción y nepotismo, donde se visualizan los delitos de violación, amenazas, se habla de tráfico de influencias y hasta revictimización.

Miriam denunció a su expareja por violación de su hija menor de edad -de 14 años-, por lo que acudió ante las autoridades ministeriales, donde tuvo asignado un abogado que abusó sexualmente de ella.

A decir del litigante, hay un violador que está libre y hay un juez que está en funciones que reclasificó el delito para reducirle la pena al violador, además de un aparato de justicia que opera lento ante un caso de urgente resolución.

Santos Lozano, dijo que, se debieron tomar medidas de aseguramiento necesarias, de entrada, asegurar al juez, además de detener al inculpado y que tuviera un encarcelamiento justificado, “porque es un depredador”.

Por eso, aseveró que, el aparato de justicia en Puebla necesita una reinvención, recetearlo, por eso, preguntó “cómo queremos que el cambio funcione si tenemos los mismos operadores”.

Además de, director del SOAPAP, Gustavo Alcaraz Gaytán, viene de la administración anterior, “como originar un cambio si los operadores siguen siendo los mismo, no podrá haber un cambio”.

Ante eso, Julio Santos, dijo que, por eso las cosas están como están y por eso existen las crisis institucionales que ahora las detecta el gobierno actual, por eso, dijo, son tiempos de cambios.

El académico del ICI, reconoció que se vive un periodo de turbulencia política e institucional en el Poder Judicial, “vemos con pena lo acontecido con Miriam Vázquez, que vivió un verdadero calvario”.

Y aunque el asesor jurídico ya no era servidor público, ya actuaba por cuenta propia y los hechos se dan en un lugar distinto, en la casa del abogado donde ella fue citada, “nada lo disculpa en lo absoluto”.

“El delito tiene todas las agravantes, porque en un estado emocional en que se encontraba, con la hija desparecida, se haya aprovechado de esa circunstancia de manera atroz e imperdonable”.

Sin embargo, dijo que, hay dos actores que pueden resultar culpables, “nos hemos volcado a la situación del poder judicial del Estado, por el juez que reclasificó el delito, pero no hemos volteado a ver el trabajo de la Fiscalía, que de acuerdo con lo que hemos podido investigar, fue deficiente”.

“La Fiscalía no exhibió, no acompañó el delito con los medios de pruebas necesarios, se habla de la ponderación del juez, que para no soltarlo reclasifica el delito y de violación lo manda a estupro”.

Es urgente, dijo, una investigación exhaustiva del juez y del ministerio público, porque ambos colaboraron, “es importante la actuación del asesor jurídico para allanar todas las deficiencias del ministerio público, él es el que las debe de cubrir, se les pasa porque es muy común, porque en audiencia el ministerio público llega a leer el acta diez minutos antes”.