"En el proyecto para que la Guardia Nacional se integre al ejército mexicano, el país ignoró recomendaciones internacionales para evitar lo que se aprobó, que dejara de ser una organización de carácter civil y que sea de defensa y de investigación", explicó el coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda.
El académico añadió que organismos internacionales como la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos ya dieron recomendaciones respecto a ese problema, pero no fueron escuchados.
Además, dijo que, la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado a México y otros países latinoamericanos, que las actividades del ejército deben ser de manera extraordinaria, “el problema no es que aumenten los delitos”, dijo.
“lo que va a pasar, es que la Guardia Nacional, va a realizar tareas de seguridad pública de manera ordinaria, lo que nos lleva a violentar la sentencia del caso Alvarado Espinosa".
Cabe recordar que ese caso, hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua.
La sentencia de la Corte era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad.
Por eso, el académico de la Ibero Puebla planteó que los índices delincuenciales del 2006 a la fecha, que es cuando empezó, se han mantenido, pero han aumentado los índices delicados, que son los de violencia, desde la aparición del ejercicio de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública hay un constante enfrentamiento entre delincuentes y ejército.
"No les importa si alguien pasa por ahí, porque el ejercito usa armas de alto poder, pero no están capacitados en derechos humanos, no se diferencias delitos de delincuencia organizada y delitos del fuero común”.
El tema de debate de llevar a la Guardia Nacional al ejército podría politizarse rumbo a 2024, reconoció Curiel Tejeda, porque el país ha estado violentado durante muchos años.
"Hasta beneficia al partido en el poder, por eso, será bueno que los legisladores se acerquen más a los expertos en seguridad pública”.
Al ser una reforma constitucional, también tiene que pasar por las legislaturas de los Estado, que tienen gran mayoría del partido político Morena, del presidente López Obrador.
Ante eso, aclaró que, lo avalado en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, se enmarca en un proceso violatorio del artículo 21 párrafo noveno de la Constitución, que señala que la Guardia Nacional será una institución de carácter civil.
Y es que la preparación de la Guardia Nacional era para cumplir órdenes, así sean letales y la diferencia es que una es para la seguridad nacional y otra para la seguridad humana.
"La seguridad humana atiende temas de disuasión, de reacción y de investigación y la Guardia Nacional suple a la policía federal, que tiene función preventiva y disuasiva, no de investigación ni de reacción", finalizó.
