Para el nuevo periodo ordinario de actividades en el Congreso de Puebla, el cual comenzó el pasado 15 de septiembre, se pondrá en discusión la aprobación de la Ley Monzón, que tiene como objetivo reformar el Código Civil y el Código Penal del Estado para proteger los derechos de las hijas e hijos de víctimas de feminicidios.
En ese sentido, Roberto Rosete Guzmán, responsable de orientación jurídica y psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, señaló que la iniciativa referida pone en el centro de la atención el interés superior de la niñez y la adolescencia.
Sin embargo, hizo una serie de recomendaciones para abonar al análisis de la Ley Monzón, siendo una de ellas que se invite al debate a un amplio número de familias de víctimas de feminicidio.
También hizo un exhorto a que el proyecto de la iniciativa cuente con la asesoría y opinión de expertos en derecho familiar para una mejor redacción.
Una de las aristas de la Ley Monzón es que se incrementen las penas o sanciones, en caso de que los vástagos de víctimas de feminicidio tengan alguna discapacidad.
Además, pidió que se tome en consideración la discriminación estructural que existe en algunos ámbitos de la sociedad en contra de hijas e hijos con alguna discapacidad.
Por otra parte, señaló que las instituciones están obligadas a reparar los daños causados a las víctimas, así como a realizar el acompañamiento respectivo con la finalidad de garantizar una vida plena a las y los afectados.
Explicó que la Ley Monzón plantea diversas modificaciones penales, algunas de las cuales impactan directamente el régimen de la patria potestad, ya que conlleva el quitar este derecho al sujeto que obtenga una vinculación a proceso por el delito de feminicidio.
Otra arista que se aborda en la iniciativa es que se incrementen las penas o sanciones, en caso de que los vástagos tengan alguna discapacidad.
Sobre ese último punto, Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla, dijo que más allá del aumento de las sanciones, la Fiscalía y los ministerios deben garantizar una real impartición de justicia desde sus investigaciones.
Afirmó que en ciertos casos, las averiguaciones de los órganos de justicia carecen de perspectiva de género, por lo que no son catalogadas como feminicidios.
Recordó que Cecilia Monzón Pérez fue una activista y abogada especializada en casos de violencia de género, cuya muerte no es un caso aislado en el país.
Indicó que la ley en su honor tiene como punto de partida que la familia de la litigante tuvo que pasar un proceso para obtener la custodia temporal de su hijo.
Sostuvo que la potencial aprobación de la Ley Monzón impactará no solo en el ámbito de justicia, sino también en lo referente al derecho de la libre personalidad de las niñas, niños y adolescentes.
