Luego que el Poder Judicial frenó la entrada en vigor del nuevo modelo educativo y programa piloto de la SEP, la coordinadora nacional de Educación con Rumbo, Paulina Amolzurrutia, consideró como una decisión valiente y sin precedentes.

La coordinadora afirmó que eso obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil.

"Lo anterior, porque así lo establece el artículo 135 de la Ley General de Educación, lo que en el caso del “nuevo modelo educativo” no sucedió y por eso, se interpuso un amparo, que fue resuelto favorablemente".
 
Paulina Amozurrutia agregó que, el amparo concedido es un logro inédito y relevante de la sociedad civil para garantizar el interés superior de los niños de México y al mismo tiempo, asegurar una educación en condiciones de igualdad, sustentado en el método científico y libre de contenidos ideológicos.

Dicho amparo fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el expediente 1457/2022.

“El Nuevo Modelo Educativo y su programa piloto resultan inconstitucional por atentar contra los derechos humanos a la educación y a la igualdad de los niños”, acusó la coordinadora nacional de Educación con Rumbo.
 
“No existe justificación constitucional ni legal para que únicamente se implemente el programa en escuelas públicas, por eso, la SEP viola derechos humanos de los niños, que están establecidos en tratados internacionales".
     
Recordó que, el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión para la entrada en vigor del programa piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y señala que analizará la constitucionalidad del modelo educativo.

Lo anterior, dijo, forma parte de la estrategia de Educación con Rumbo para garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad.

Por su parte, Miguel Ángel Ortiz, representante legal de Educación con Rumbo, en el caso, sustentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad.

Por lo anterior, dijo que, el programa piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas.
 
El abogado, afirmó que no existe justificación legal para que la SEP únicamente implemente el programa en escuelas públicas, por lo que el modelo que se aplicará a los niños de las 960 escuelas públicas es discriminatorio y se trata de un modelo “prueba-error”.