Durante los cuatro años que lleva como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno cae un punto cada año en el rubro de Estado de Derecho.

Así lo aseguró el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, basado en los resultados del Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP).

Los indicadores, revelan que, México, por cuarto año consecutivo retrocedió al obtener un puntaje de 0.42 que lo coloca en el lugar 115 de 140 países que fueron evaluados, “cada año ha retrocedido un punto desde 2019 y hasta este 2022”.

El analista jurídico, reveló que, dentro de los factores que se evalúan estarían el deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales, como la sociedad civil y la prensa.

Los resultados del ranking, aseguró, quizás no sean motivo de preocupación para el gobierno del presidente López Obrador, que seguramente “tiene otros datos”, sin embargo, lo es para la mayoría de los mexicanos que todos los días enfrentamos algún problema de carácter legal.

Y es que, de manera permanente, esperamos que las cosas en el país mejoren, porque resulta preocupante el deterioro de la cultura de legalidad y el respeto al Estado de derecho, que es uno de los principales ejes de lo que debiera ser un gobierno democrático, para atender las necesidades de justicia, seguridad y paz social que el Estado demanda.

El problema de que México esté reprobado en el respeto al Estado de Derecho dijo Molina Carrillo, también refuerza la tendencia a incrementar los indicadores de corrupción e impunidad, que combinados nos han llevado a un aumento en los niveles de delincuencia e inseguridad.

por eso, la pandemia de la COVID-19 cayó “como anillo al dedo” a los poderes judiciales tanto federal como de los estados, siendo este uno de los elementos que usan en su defensa, al señalar que las condiciones en que se presentó la crisis de salud originada por la pandemia generaron el retraso en todos los procedimientos y los obligó a trabajar fuera de los tribunales para tratar de sacar adelante los asuntos.

“La reforma judicial impulsada por el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de poco ha servido para que el país se vaya recuperando en su calificación en el ranking, y a la fecha son pocas las entidades del país, que han impulsado una reforma judicial a nivel local".

Una reforma, dijo, que sea de vanguardia y acorde a lo que piden los ciudadanos, colegios y asociaciones de abogados, universidades y organizaciones de la sociedad civil, que cada vez tienen menos voz y participación en las discusiones y debates de estas reformas que se siguen aprobando de espalda a la sociedad, a capricho y voluntad de los gobernadores.

Conforme a lo anterior, afirmó Germán Molina, de no modificar la actual administración la impartición de justicia en el país, el pronóstico es que en el siguiente ranking, si bien nos va, seguiremos bajando un punto porcentual, como en los cuatro anteriores.

Dijo que, con ello, estaremos cada vez más cerca de países como Nicaragua que obtuvo 0.36 en una escala de 0 a 1; de Haití con 0.35 o Venezuela con 0.26.