Para el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cosío Díaz, el mayor riesgo que corre el país es que se instale una cultura militarista es que subordine la democracia y los derechos humanos frente a un estado de guerra permanente.
Las fuerzas armadas están conformadas por personas que reciben la encomienda de defender a la sociedad de diferentes peligros o situaciones de riesgo.
A cambio, agregó, se les otorgan reconocimientos de alto rango y distinciones honoríficas. “La propia ciudad de Puebla lleva en su nombre oficial el recuerdo de un general militar”.
“¿Qué se hace con las personas entrenadas en la violencia en tiempos de paz?”, cuestionó durante la cátedra de la IBERO Puebla que lleva su nombre.
"La Constitución indica que, ante la ausencia de amenazas, el ejército debe permanecer en los cuarteles; las funciones de seguridad nacional tendrían que ser desempeñadas por mandos civiles".
Cosío Díaz explicó que una de ellas tiene que ver con el impacto directo al ejército como institución pública, ya que el sistema militar debe articularse bajo principios disciplinares y de secrecía estrictos para cumplir con las funciones esenciales de seguridad nacional.
Insistió en que, cuando se les asignan tareas civiles, esa misma excepcionalidad puede derivar en actos de corrupción y opacidad.
Ante eso, afirmó que se erosiona la democracia y se justifican las acciones extraordinarias del ejército en la vida pública, todo bajo el alegato de “estado de guerra” contra el crimen.
“El problema no es que se esté militarizando la sociedad, sino que hay un fenómeno inverso: que el ejército y la armada adquieran condiciones civiles que no les son propias”.
Dijo, esto no ocurre en México. Desde hace años, el ejército cuenta con facultades que van desde el Plan DN-III para desastres naturales hasta la acción para la eliminación de plantíos de droga.
El empoderamiento de las fuerzas armadas ha crecido de manera exponencial desde tiempos de Felipe Calderón. La novedad con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se centra en el uso intensivo y abierto de la milicia.
“Hemos observado una juridificación de las actividades de las fuerzas armadas. Les hemos otorgado puertos, fronteras, operaciones directas de seguridad y una ampliación hasta el año 2028”.
En ese sentido, apuntó que ha sido posible gracias a un principio que indica que los organismos de corte militar pueden intervenir en la vida pública siempre que tenga un mando civil; en este caso, el presidente.
"Las fuerzas armadas han sido utilizadas con una prominencia cada vez mayor para contener la ola de violencia, por eso, acotó, se trata de una lógica que pretende palear un problema estructural sin conocerlo a profundidad".
El incremento de elementos del Ejército ha colocado al país en un estado de excepción que tiene múltiples implicaciones para la vida pública.
“¿Vamos a regir nuestras conductas por valores militares con lo mal que nos ha ido como humanidad con ellos? Los valores militares tienden a instrumentalizar a las personas”.
Lo anterior, deriva en la instrumentalización de los derechos humanos: es posible detener, censurar, diluir y neutralizar actividades civiles con un “bien mayor” como objetivo último.
Finalmente, José Ramón Cossío advirtió que el traslape entre división de poderes es un juego que les resta a todos: las fuerzas armadas pierden disciplina y la sociedad civil, libertades.