La reciente suspensión definitiva que otorgó una jueza federal de Guanajuato contra el decreto que ordena el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) significa que, por ahora, el cuerpo de seguridad creado en este sexenio presidencial no estará bajo la administración del ejército.

Así lo explicó el académico de la Ibero, Tadeo Luna de la Mora, quien también precisó que la acción en cuestión es una especie de medida cautelar, que busca garantizar que no haya un daño irreparable mientras se resuelve el fondo del asunto.

"No se frena totalmente, lo que pasó es que se frena temporalmente; esta misma juez que ordenó una suspensión definitiva, ya había ordenado una suspensión provisional pero le fue revocada. Es una medida cautelar, una pausa, en lo que esta juez analiza si se otorga el amparo", dijo.

A decir de académicos de la Ibero, el hecho de que el control de la Guardia Nacional esté a cargo de la SEDENA es anticonstitucional.

El responsable del área de Seguridad y Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la institución jesuita abundó que el amparo contra el decreto fue presentado por un ciudadano.

Ello en virtud de que el quejoso siente que sus derechos humanos son violados o pueden ser afectados con la absorción de la Guardia Nacional por parte de la SEDENA.

El académico de la Ibero también destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros tribunales de mayor jerarquía no han querido atraer o conocer ese tipo de demandas, por lo que se espera un procedimiento extenso.

"Viene un camino largo, sobre todo, teniendo en cuenta los casos que decida atraer el pleno de la Corte", expuso.

A decir del analista, el hecho de que el control de la Guardia Nacional esté a cargo de la SEDENA es anticonstitucional, porque la legislación establecer que debe haber un mando civil.

En ese contexto, seguidores y simpatizantes del obradorismo han argumentado que el jefe de las fuerzas armadas en México es el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que han descartado que se esté violando la Carta Magna.

El académico de la Ibero recordó que, hoy en día, también se está analizando y discutiendo en los congresos locales otra vertiente relacionada con el ejército.

Indicó que el asunto en cuestión es el referente a la prórroga de que la milicia ejerza funciones de seguridad pública en las calles hasta el año 2028.

Cabe agregar que la Ibero Puebla ha manifestado en diversas ocasiones su renuncia a la militarización del país; incluso, el rector Mario Ernesto Patrón Sánchez ha señalado que el actual gobierno federal continúa con la misma política de seguridad que sus antecesores.