El rector de la Ibero Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, advirtió que Puebla está en entre las primeras cinco entidades del país en desaparición de niños, niñas y mujeres.
El rector de la Ibero Puebla agregó que las desapariciones son un flagelo que vive el Estado poblano, por lo que, reciben con muy buenos ojos la disposición del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en torno a las desapariciones.
Refirió que, ha sido un inicio de año complejo para Puebla en materia de feminicidios, ya hay dos casos, por lo que añadió que estos temas prioritarios son los que el gobierno estatal debe tener en la agenda.
Por eso, aprovechó la oportunidad para expresar como rector de la Ibero Puebla, la disposición permanente de colaborar con la autoridad de gobierno, tanto en la revisión de políticas públicas en materia de prevención y sanción de la desaparición como de la violencia feminicida.
Destacó de parte de las autoridades de asistencias social el trabajo en asistencia a las poblaciones más vulnerables del Estado de Puebla.
Además, del apoyo a las iniciativas que ponen en el centro a la víctimas del Estado, niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Cabe recordar que, la Ibero Puebla realiza cada año, el informe sobre la situación de la desaparición de personas en Puebla, donde plantea que, las desapariciones en la entidad ya no se pueden ocultar.
Además, que los casos y movilizaciones por la ausencia de garantías de investigación y hallazgos han escalado durante los últimos años, haciendo de la desaparición de personas un tema presente en la sociedad en general.
En el informe, afirman que, a pesar de que la entidad poblana ha sido durante décadas un foco rojo en desaparición de mujeres y en los recientes informes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ocupa los primeros puestos en desaparición de menores.
Además, concluye que, existe muy poca información en torno a esta problemática y persiste un silencio al respecto desde los tres niveles de gobierno.
En el informe, se asegura que, la desaparición de personas ha sido empleada como una política de Estado desplegada en distintas regiones del país en contra de guerrillas rurales y líderes de oposición al régimen.
Asimismo, es empleada en contra de personas ajenas a cualquier movilización social.
La mayoría de las violaciones a derechos humanos, desde los años 60, sigue en la impunidad, lo que agrava la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las víctimas y sus familiares.
En el informe de 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, reportó que tan solo el 2.5 por ciento de los casos perpetrados en los años 60 en México, habrían resultado en el inicio de una averiguación previa, de los cuales únicamente 20 habrían sido consignados.