Muchas de las disposiciones del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, están fuera del marco constitucional y pueden significar un retroceso en cuanto al avance democrático y la consolidación de la estructura electoral para el país.
Para el analista jurídico, Germán Molina Carrillo, hoy que, el país tiene más ciudadanos en edad de votar, de aprobarse la medida, puede traer como consecuencia que pudiera darse inestabilidad o inseguridad para los resultados electorales.
“El plan B, se presente ante la imposibilidad de que fuera aprobada la reforma electoral constitucional y es una situación en la que AMLO apostó por debilitar al INE, dinamitar su funcionamiento a través de las reformas”.
"Por eso, la sociedad civil, todos los ciudadanos, las organizaciones y las universidades están preocupados por este enfrentamiento abierto entre la presidencia de la república y el INE, porque está de por medio la democracia del país”.
Dijo que, se ha luchado mucho, durante más de 30 años por consolidar un órgano electoral profesional e imparcial y que hoy, ante la guerra declarada entre ambas instancias, da lugar a una serie de situaciones que ponen en riesgo los avances democráticos.
Molina Carrillo, recordó el clima de violencia y la presencia de los carteles del narco en los procesos electorales, lo que, no abona a que en el 2024 tengamos una elección garantizada, en que los ciudadanos puedan confiar en el resultado y en todo lo que son los actos previos.
El director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), dijo que, el plan B puede ser modificado o echado atrás por la Corte, dada la nueva composición que tiene ahorita el pleno de los ministros.
De suceder así, agregó, sería un revés muy fuerte para el presidente después de los que tuvo con la reforma energética, con la revocación de mandato, con el rechazo a la reforma constitucional electoral y el no haber llegado su candidata a la presidencia de la SCJN.
“Sería un descalabro más para este gobierno, porque la responsabilidad queda en la Corte, por eso, la opinión de los ciudadanos debe contar y los legisladores deben analizar lo que se vota”.
Dijo que, en relación con el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será publicado con aprobación de la cámara de diputados y del senado, la situación que se presenta ahora con el anuncio del INE de promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma es delicada.
Esa acción, debe ser resuelta por la SCJN, “entramos en una etapa de confrontación, no solo en las declaraciones sino en el ámbito judicial entre AMLO y el INE”.
El plan B del presidente y ante el inicio del proceso electoral que arranca el junio del presente año, para las elecciones del 2024 dejan toda la responsabilidad a la Corte de resolver si estas reformas del plan B son constitucionales o violatorias a la carta magna