"El no tener un diagnóstico estatal sobre los derechos de las personas LGBTTIQ+ preocupa mucho porque las acciones que se puedan impulsar no responden a una detección de necesidades sino nada más a una atención inmediata", reveló la responsable del Observatorio de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz.

“Me parece que es bastante preocupante, sobre todo en cuestione en que el Estado está faltando para garantizar y respetar estos derechos de este grupo de personas".

La responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), aseguró que es necesario identificar que hay que desnaturalizar la violencia, que los programas y acciones que se deriven de los gobiernos en contra de la violencia de género, no solo en entes públicos sino también en los privados.

La académica, destacó que existen las discriminaciones en el espacio público, además, todavía sigue existiendo en varios rubros.

“Hay que analizar en estas quejas que, las recomendaciones que le hacen a estos establecimientos y empresas, sobre todo en términos de selección de personal, tiene que ser tratado desde una forma en que tengan que garantizar que los derechos humanos estén inmersos y vistos de formas transversal en todos esos procesos”.

Dijo que, en la narrativa puede ser que cada vez veamos más inclusión de personas LGBTTIQ+, pero en la práctica resulta claro que no está sucediendo así.

Incluso, agregó, en términos de modificaciones legales al registro civil, por ejemplo, o que cada vez son más personas del mismo sexo que buscan ese servicio del Estado mexicano.

Gamboa Muñoz, aseguró que existen grupos anti derechos que tienen una voz muy fuerte en el Estado y que la mayoría de las voces poblanas están considerando que no se tiene que hablar de derechos sino de la ideología de género.

“Que más bien es en derecho sombrilla que intenta descalificar los derechos de las personas LGBTTIQ+ y eso genera confusión e ignorancia al respecto”.

Sobre las agresiones a personas LGBTTIQ+, dijo que, los datos que se tienen son deficientes para decir como esas personas no están incluidas en políticas públicas, en algunas ocasiones, las secretarías de igualdad sustantivas no incluyen programas y acciones para ellos específicamente.