Tras las acusaciones y el reconocimiento de violencia política en razón de género del diputado local Eduardo Alcántara y de la diputada federal Genoveva Huerta, por encubrimiento, el PAN está mostrando un síntoma de crisis de legitimidad, explicó el analista político del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Cristopher Mejía Rosas.
En entrevista con Intolerancia Diario, el especialista explicó que también hay una crisis de capacidad y actualizarse a los nuevos lineamientos jurídicos, lo cual afirmó, le repercutirá mucho en su lucha por posicionarse en el ámbito político-electoral.
El coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, explicó que la sanción representa un retroceso para ambas figuras.
Aclaró que, no solo el PAN, sino todos los partidos políticos tendrán que actualizarse bajo estos nuevos lineamientos jurídicos, porque la figura de violencia política de género empezó a partir del 2018 y por consecuencia se observa que no hay una actualización de los perfiles políticos al respecto.
“Ese es un síntoma de ello y que va a repercutir en todos los partidos políticos, que no hay una infinidad de sanciones cometidas contra servidores públicos que también hacen uso del recurso de la operatividad política para ejercer ese tipo de violencia”.
Y aunque, aseguró no es suficiente con la disculpa pública, las leyes deben ajustarse más a un monitoreo operativo de los perfiles políticos para identificar que cumplan con los nuevos lineamientos.
Por eso, reiteró que no es suficiente una disculpa pública, aunque la ley ya contempla la cárcel o quitar la posible candidatura del agresor, “y esa es una sanción importante”.
Mejía Rosas, señaló que, se debe avanzar más en las instituciones electorales en crear vinculo de asistencia y asesoría personalizada y especializada hacia las víctimas, no solamente son acciones que se enfrentan en el discurso.
“A veces creemos que la violencia política en razón de género solo es discurso, pero si se rastrean los casos de violencia política que ha habido en las últimas décadas se encuentra que también se expresa en amenazas, secuestros y extorciones, que ponen en peligro la participación ciudadana y política de los candidatos en todos los partidos políticos”.
El especialista del ICI, dijo que falta seguir creando los engranajes de seguimiento institucional y electoral para todos los partidos políticos, para todos los perfiles políticos.
Asimismo, consideró importante aumentar las sanciones y mecanismos, que sean más fuertes para los que incurren en violencia política en razón de genero.
“No basta con la rigurosidad en las sanciones, hay que revisar las causas en el tema, porque dentro de las principales causas está la política masculina que ha prevalecido”.
Además, hay que entender que es una masculinidad violenta que se ha sentido transgredida en la participación política femenina en los puestos representativos importantes la que permite crear los puentes para prevenir la violencia política en razón de género.
Por eso, dijo que, el contexto actual de las sanciones emitidas por el tribunal va a definir el rumbo de los perfiles que serán candidateables.
“La aplicación de estas sanciones representan un avance en México de la figura legal o jurídica de la violencia política en razón de género, porque la presencia de las mujeres en los espacios públicos y políticos como representantes populares ha implicado un avance en operatividad política”, finalizó.