En el Estado de Puebla ha habido un descenso entre 2016 y 2020 de terreros de exploración, es decir de casi el 10 por ciento de la superficie de cobertura estatal concesionada de territorios destinados a la extracción de metales y minerales.

A decir de la directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IMMA) de la Ibero Puebla, Valentina Campos Cabral, a nivel estatal, el valor de la producción fue de 206 millones de pesos para minerales metálicos y de 8 mil 600 millones de pesos para los no metálicos.

Eso indica, señaló, que hay incremento en relación con años pasados, pero no tenemos mayor superficie concesionada y eso es muy importante.

Reveló que, uno de los principales proyectos se ubicaba en Ixtacamaxtitlán, que fue echado abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el otro proyecto está en Zautla, llamado La Lupe, “ahí hay oro, plata, cobre y zinc, que está actualmente inactiva por la respuesta social de las comunidades, de las mujeres en la zona”.

Reveló que, otra que está en exploración es el Jolalpan, para extracción de oro, además, en Ahuazotepec hay otra empresa, “entonces, tenemos cuatro proyectos en Puebla, a excepción de Ixtacamaxtitlán, para 2022- 2023”.

Dijo que, para el 2020 estaban estas cuatro empresas, por eso, ha abonado la nueva reforma a la Ley Minera en México, iniciativa lanzada por el presidente de la república y que, pasó a la Cámara de Diputados y luego a senadores.

“Si bien en diputados hicieron cambios sustanciales a la propuesta, hay una valoración en positivo de las organizaciones que dan respaldo jurídico de las propias localidades en contra de la minería, hay una valoración positiva de esta aprobación”.

Porque si bien, afirmó, no lograron disminuir el tiempo de las concesiones que eran prorrogables de 50 años a otros 50 años más, quedaron en 80 años, ya no en 100 años, “eso fue lo que menos se obtuvo”.

Y el tema de la concesión de las aguas sí lograron retirar el carácter preferente de la minería, la consulta previa libre e informada, que no hubiera mineras en áreas naturales protegidas o con zonas sin agua, “se logró que pudiera ser considerado el impacto social como una condición para la concesión, no es todo el paquete que se proponía, sí hay cosas que se lograron”.

Campos Cabral, dijo que, si bien ponen en el horizonte el resto para seguir formando parte de la agenda de lucha de estos movimientos.

En relación con la nueva ley minera, los beneficios pueden ser de acuerdo de quien la analice, “para los empresarios y para quienes invierten en el sector son perjudiciales para sus intereses económicos”.

Sin embargo, para todos aquellos que defienden el ambiente, las condiciones de vida, la biodiversidad, la posibilidad de una vida digna, los territorios, de acuerdo con los usos y costumbres de las localidades y la opinión de las localidades, no son suficientes.

“Las reformas que derivan de la ley, aunque están diluidas representa avances bajo las propias demandas que los pueblos y comunidades han establecido en estos sectores”.