El Estado de Puebla se ha caracterizado últimamente en ser uno de los Estados del país, donde más violencia de género ha habido y donde la violencia política en razón de género también se ha ensanchado. Para la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, sería cada vez más efectivo si fuera creciente la voluntad de los actores políticos y de las autoridades de frenar este tipo de acciones y de sancionarla.
Cabe recordar que, recientemente, se aprobó en el país y en el Estado de Puebla la reforma constitucional de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, en que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia, o que haya incurrido en violencia familiar, puede aspirar a cargos de elección popular.
Además, la ley indica que, quien incurra en esas acciones, no podrá tener un empleo o cargo de elección popular en ninguno de los tres órdenes de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal.
La académica de esa casa de estudios dijo ante eso que, es una ley positiva porque fortalece los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas y los adolescentes, además, busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Sin embargo, advirtió, depende de la aplicación, porque son actos violatorios que, han llegado a las agresiones e incluso al asesinato y eso se tienen que considerar para cerrar filas en torno a ello.
“Desde la sociedad hay que trabajar en disminuirlo, porque de nada sirve tener en el papel la paridad y una serie de derechos si estos no se materializan en la cotidianidad”.
Por ello, dijo, un papel importante lo jugarán los partidos políticos con las postulaciones y las autoridades electorales en observar los perfiles de cada candidato.
Ramón Pérez, señaló, “hay que ver la capacidad de las autoridades para calificar los diferentes casos y recordar que, hay dos momentos en que se revisa, primero la idoneidad, que se revisan a los candidatos, donde se declara que existe algún impedimento y otro momento en que ya se declara ganador y para la entrega de la constancia de mayoría se requiere nuevamente revisar la idoneidad”.
Por eso, en primera instancia son los partidos políticos los que tienen que saber el perfil de cada uno de sus aspirantes y después, las autoridades electorales los que vayan sancionando este tipo de prácticas.
Reconoció que hay condiciones y una apremiante necesidad para que la ley pueda aplicarse a rajatabla, sin embargo, dependerá de las autoridades electorales que así se haga.
La reforma constitucional, reiteró Ramón Pérez, es un avance importante en la protección de las mujeres, porque en la vida pública se habla de estos problemas, “si hacemos evaluaciones a nivel nacional vamos a encontrar disparidades en la situación por las propias costumbres”.
Por lo anterior, dijo que, en ocasiones, es permisible por el peso que puede tener el candidato, porque los partidos buscan candidatos que les sean rentables, a pesar de sus acciones.
