"En las nuevas reformas constitucionales aprobadas en el país para proteger a las mujeres y garantizarles plenos derechos, es importante colocar candados para evitar que una denuncia se revierta en contra de quienes las presentan ante autoridades judiciales", señaló la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez.
En entrevista con Intolerancia Diario, explicó que no hay los elementos suficientes para garantizar protección para quien denuncia y que esto no provoque que sea víctima de descalificaciones y escarnio.
"Se debe asegurar que una mujer que denuncia sea considerada con todos sus derechos dentro de la investigación; se hace una descalificación, aunque se presente la denuncia, eso es grave”.
Recientemente, en México se aprobó la Ley 3 de 3, que considera sanciones en contra de los deudores alimenticios y además logra que ningún candidato con antecedentes como agresor o deudor, sea nombrado en puestos de elección popular.
El decreto suspende los derechos de ocupar cargos en el servicio público en caso de existir sentencias firmes que relacionen al acusado con delitos contra la vida, la libertad y la seguridad sexual, en cualquiera de sus modalidades y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Ante eso, la académica de la Facultad en Ciencias Políticas y Gobierno, especificó que, en lugar de permitir que se cumpla la denuncia y se le dé un seguimiento puntual, en ocasiones se hace escarnio de la víctima y la revictimizan.
Por eso, recomendó ser muy cuidadosos en esos aspectos, para no permitir en un seguimiento penal de los actos que se denuncian, que las mujeres puedan ser revictimizadas.
Cabe recordar que la Ley 3 de 3 es una reforma constitucional al Artículo 38 de la Constitución Mexicana que no se había modificado desde 1917.
Por ello, Claudia Ramón, dijo que, la aprobación de esta ley va más allá de la violencia política de género, porque ya han surgido protocolos y se han establecido medidas, sin embargo, añadió que hace falta la denuncia.
"Dentro de la problemática, es que muchas mujeres no llevan a cabo las denuncias y cuando lo hacen no siempre obtienen la respuesta que sería la necesaria".
Expuso que ese tema inhibe la participación en la denuncia y no permite que las mujeres agredidas en los diferentes rubros tengan acceso a la justicia y no consoliden sus demandas.
“El tema de la ley 3 de 3, que sanciona a personas deudoras de pensión alimenticia, agresoras sexuales, que han cometido violencia familiar y que no puedan tener un cargo de elección popular permite mejores condiciones de vida para todas”.
Finalmente, reiteró la urgencia de implementar candados que permitan que las demandas se concreten en contra de los agresores y que las mujeres no sean revictimizadas.