Hasta hace dos meses, la Comisión Estatal de Búsqueda no había publicado un plan de acción para poder realizar la búsqueda de personas y son las comisiones estatales las que solicitan este recurso y la federación no lo asigna de manera independiente, explicó la profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, Mariana Durán Márquez.
En ese sentido, detalló que para el siguiente ejercicio presupuestal, se redujeron los recursos para Puebla, en más de la mitad.
“Un tema importante es que, en el convenio, al Estado de Puebla la federación le asigna 7 millones 25 mil pesos aproximadamente, pero es relevante destacar que se había puesto un tope máximo de poco más de 24 millones de pesos”.
Aquí la pregunta es, dijo la experta, qué hizo o qué no hizo para obtener el monto máximo que, de por sí ya era poco, porque los 7 millones equivalen a poco menos del 30 por ciento de lo que pudo haber obtenido en su totalidad.
"Se entiende desde el acuerdo del que se derivó el convenio publicado este mes que tiene los lineamientos para que se puedan otorgar subsidios a los Estados en materia de búsqueda de personas".
La académica de la UPAEP recordó que se publicó el 26 de enero y desde ahí, ya se marcó un tope de poco más de 778 millones como fondo federal para realizar este tipo de acciones.
"El acuerdo define esas acciones en dos modalidades, el fortalecimiento de capacidades para acciones de búsqueda, que son gastos de contratación de personas y gastos para operar las comisiones estatales, lo que deja abierto y puede ser hasta comprar un garrafón de agua".
El segundo rubro involucrada la identificación humana de las personas y todo conlleva a las cuestiones forenses y peritos, pero también en infraestructura, desde comprar o rentar un inmueble, por ejemplo.
Por eso, Durán Márquez, dijo que, la Comisión Estatal de Búsqueda tuvo que haber cumplido con una serie de requisitos que incluye cuestiones de tipo técnico, solicitudes y validaciones.
La profesora de la UPAEP cuestionó por qué no accedió, no le otorgaron o no solicitó el monto máximo que de por sí ya era poco, ahora la situación se vuelve más grave, porque de 18 millones pasó a 7.7 millones.
"Pudieron haber accedido hasta a 24 millones y no fue así; las cifras oficiales resultan alarmantes porque no concuerdan con la realidad que plantean los grupos de la sociedad civil respecto al número de personas desparecidas, porque los familiares mejor que nadie sabe si uno de los suyos no aparece o apareció no identificado".
“Ese es un problema desde el punto de vista forense, los que buscan son los propios familiares porque el Estado tiene una capacidad bastante deficiente para poder realizar este tipo de acciones que van desde la búsqueda activa y en campo”.
Finalmente, lamentó que la Comisión Estatal de Búsqueda se ha dedicado a pegar carteles de “se busca”, pero esto va mucho más allá del tipo de acciones que se implementan y que implica una violación de derechos.