Con el recorte presupuestal a la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, se violenta el principio de progresividad de los derechos humanos que implica que todas las autoridades tienen que realizar acciones para lograr un avance gradual del disfrute de derechos de todas las personas.

Para la profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, Mariana Durán Márquez, las autoridades tienen que ir hacia adelante en el programa de búsqueda de personas, pero no ir hacia atrás, como lo hacen ahora.

“Aquí estamos yendo hacia atrás, esa es la principal repercusión que tiene la política federal, desconozco la forma en que hayan entregado sus anexos técnicos, los oficios enviados por el Estado de Puebla, pero la política nacional va hacia atrás”.

Por eso, será importante saber si desde la Comisión de Búsqueda de Puebla, solicitaron el monto máximo o solicitaron solo los 7 millones de pesos.

Lo cierto, dijo, es que eso implica una violación al principio de progresividad que marca la Constitución en el artículo 1 y sobre esa lógica es que todos en general estamos expuestos a ser víctimas de este tipo de hechos.

No podemos dejar de ser empáticos, dijo la abogada, porque tener a alguien desaparecido te enrola en un sufrimiento inmensurable e incertidumbre a la que todos estamos expuestos a eso.

Y es que, por eso, se parte de la falta del estado de Derecho y de la aplicación de la norma, por eso recordó que, tiene 5 años que se publicó la Ley en Materia de Desaparición de Personas y la deuda con familiares es muy grande.

Los casos de desapariciones siguen creciendo de parte del Estado y no se ha logrado garantizar la protección de derechos, porque lo importante del derecho a la verdad y la justicia que llevan de 1 a 10 o 15 años.

Durán Márquez, recordó que el Estado mexicano adquirió desde 1981, en la convención interamericana de derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, lo que obliga al Estado mexicano y a los 32 Estados al respeto a estos derechos.

Entre ellos se encuentran el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad, a la protección judicial y que se vulnera con la desaparición de personas.

Lo anterior, dijo, implica su vulneración y la reducción es de la federación, por eso, hay que cuestionar por qué desde Puebla no se solicitó el monto máximo que estaba previsto en el acuerdo emitido por el ejecutivo federal.

La profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP dijo que, se trata de una violación muy fuerte a los derechos humanos contenida en el artículo 1 que es la garantía amplia a estos.

Son principios que contempla la Constitución, señaló, “principios de universalidad, proporcionalidad, equidad, participar legítimamente, pero se violenta el de la proporcionalidad desde la federación”.

De lo que se trata, dijo, es de ir hacia adelante no hacia atrás para garantizar los derechos de las personas, “el gran tema surge desde la garantía que da la comisión estatal de búsqueda, con las acciones que lleva a cabo, organismo que depende de la Secretaría General de Gobierno para garantizar que esto sea real y posible”.