Ante tantos aspirantes a cargos de elección popular que se promueven por medio de espectaculares y redes sociales, será necesario que se les aplique la ley y algunos pudieran no solo tener sanciones administrativas sino también limitaciones a las candidaturas.
Para la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, sin importar el partido que busquen representar y el cargo por el que quieran competir, a los adelantados se les debe impedir obtener una candidatura por violentar las leyes electorales.
Por eso, las leyes ya se tienen que utilizar de manera estricta y no darle la vuelta, porque lo que se está haciendo es adecuar un lenguaje y entonces justificar algunas de las acciones que aspirantes están llevando a cabo.
Ante eso, aclaró que, aumentar leyes es aumentar la posibilidad de espacios para todos los que han violentado la ley y esta es una carrera, “aumentar los elementos de la sanción de la ley, permite que estén compitiendo para darle la vuelta a la ley, buscar los recovecos de la ley y parece que no va por ahí”.
En ese sentido, la oposición tiene un reto muy grande para marcar los diferenciadores, para marcar los espacios que los pueden llevar a ser una opción viable ante lo que es el gobierno actual, dijo la académica.
En el caso de Puebla, recordó, lograron recuperar muchos espacios, pero no es momento de cantar victoria, es momento de hacer una reflexión que les permita mantener esos puntos, consolidarlos, porque de lo contrario van a ser rebasados.
La analista política, dijo que, con tantos actos adelantados a lo que marca la ley electoral no vamos a necesitar cambiar las reglas del juego, que están bien, “lo que debe pasar es que los actores políticos se comprometan a cumplir con las leyes”.
Y es que, lo que debe suceder con urgencia, porque es que necesitamos, es que los actores políticos se comprometan porque de lo contrario se requerirá una ley cada vez más específica porque los actores políticos rompen esas reglas.
Ramón Pérez, dijo que, no es el caso de ir avanzando con inundaciones de leyes, sino con un compromiso que les permita un comportamiento ético y algo que los ciudadanos tendrían que estar considerando, no solo el castigo de la penalización de la ley, sino la penalización en el ámbito electoral.
Lo anterior significa que, si el candidato no es capaz de cumplir durante los procesos con la ley, nada garantiza que se pueda mantener el Estado de Derecho cuando sea representante popular.
Así que, más allá de una reforma hay que hacer cumplir la ley de parte de las autoridades y meter a los actores políticos, pero también una penalización social y electoral, es decir, apretar las sanciones.
“Tendríamos que ir por eso, porque de lo contrario, la ley se vuelve cada vez más específica, pero también cada vez le damos más la vuelta”.