Ante la demanda presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la aspirante de la alianza PAN-PRI-PRD por la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deja vulnerables a los contribuyentes ante la evidente violación al código fiscal, aseveró el profesor de la Facultad de Derecho de la UPAEP, Eder Vásquez Espinosa.
“Con la acción del gobierno federal, lo más preocupante, es la vulneración que tenemos todos los contribuyentes, todos los que pagamos impuestos en este país”.
En la conferencia matutina, el mandatario mexicano reveló datos de los fundamentos fiscales del Código Civil por temas de confidencialidad de la empresa de Xóchitl Gálvez.
"Lo cierto es que no tenemos la certeza de que nuestra información esté realmente salvaguardada. Si tenemos un antecedente donde se vulnera la protección de datos personales cualquiera está sujeto a que se publiquen sus datos personales, lo que los deja expuestos".
El profesor de la UPAEP dijo que, en ese caso se ha vulnerado las prerrogativas y los derechos de Xóchitl Gálvez cuando se revelan los datos fiscales.
“El SAT o la SHCP, tienen la obligación de tener eso datos, pero también de reservar, porque esos datos son confidenciales, de acuerdo con artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”.
Esa norma indica que estas autoridades tienen la obligación de mantenerla en reserva, es decir, no lo puedes ventilar, no la puedes hacer pública, porque la propia ley no hace excepción alguna.
En todo caso, si se considerara que no se ha cumplido con el pago de los impuestos respectivos, el SAT tiene facultades de acuerdo con el Artículo 42 del Código Fiscal para hacer una verificación, una auditoría y una revisión de gabinete.
“Hay muchas circunstancias que puede hacer en el SAT para ver si se ha cumplido o no con el pago de los impuestos”.
En esa parte de revelar sobre cuánto es lo que ingresó y no ha pagado hay una violación a la legalidad, al Estado de Derecho, porque el propio Artículo 69 del Código fiscal establece que las autoridades deberán tener en reserva esa información, que al final es confidencial y proporcionada por el contribuyente.
"Si esa información se vuelve pública pones en riesgo a ese contribuyente independientemente de quien sea, se pone en riesgo latente que le puedan hacer algo, por eso la ley contempla que eso tiene que ser confidencial".
Vásquez Espinosa, dijo que se debe analizar desde dos perspectivas, porque se ha revelado contratos de obra pública, como su nombre lo dice, su estatus es público y como se hizo a través de recursos públicos vía transparencia se puede tener acceso a esa información y hasta ese momento el presidente está al límite de la ley.
"Se puede solicitar y quien quiera hacerlo a través de transparencia puede obtener esa información, sobre todo la asignación de contrato de obra pública porque lo robustece un gasto público", finalizó.
