En el año 2022, a nivel nacional hubo 968 víctimas de feminicidios y al menos hubo, de acuerdo con comparaciones y un promedio de los hijos que tienen las madres, alrededor de mil 355 niñas, niños y adolescentes que fueron huérfanos de madre por el delito de feminicidio.

A decir de la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz, esos menores de edad en orfandad, pierden también otros derechos, “como el derecho a tener una familia y el derecho a tener un proyecto de vida digno”.

Asimismo, pierden también el derecho a tener un libre desarrollo de la personalidad y una vida libre de violencia, que son elementos que difícilmente recuperan en el transcurso de su vida.

Por eso, dijo que, hay una llamada de emergencia para atender, pero no solo a partir de esto, sino buscar la manera de vincularlos con los distintos protocolos que ya están, además que, se vinculen con tema legislativos y operativos.

Cabe mencionar que, El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde el 2019 publicó informes relacionados con las carencias que tienen las procuradurías de la niñez y la adolescencia.

Esas instancias, son las encargadas de atender de manera integral a la niñez y la adolescencia por orfandad a partir de feminicidio y ya se habla de los presupuestos limitados que tienen las procuradurías para la protección de la niñez y la adolescencia.

Y es que, tienen una estructura políticamente sin relevancia en la opinión pública, y que atiende de manera limitada a la población, no atienden muchos casos y no es de conocimiento público la existencia de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo tanto, hay que pensar en qué cambios normativos e institucionales se tienen que hacer con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través de la procuraduría de protección a la infancia y la adolescencia, con las medidas de ayuda y reparación de la niñez y la adolescencia por orfandad en caso de feminicidio.

Gamboa Muñoz, dijo que, resulta relevante evidenciar la atención de los impactos de la violencia de género contra las mujeres, que no lo hagan solo de manera individual, sino que están afectando a las familias, en especial a los niños, niñas y adolescentes.

Es un error invisibilizarlos, porque años anteriores había estado muy olvidado lo que pasaba con estos niños, niñas y adolescentes, pero esta violencia afecta a comunidades y sociedades enteras, de ahí la importancia de considerar la violencia contra las mujeres como un tema de salud pública y abordarla de distintas aristas.

Dentro de esa protección de menores de edad y adolescentes hijos de mujeres asesinadas en razón de género, tendrán un papel preponderante los sistemas para el DIF de los 32 Estados del país.