"El trabajo de la asesoría jurídica de víctimas puede incidir de manera positiva en la tasa de reparación del daño, que para 2021 se ubicó en 5.92 por ciento", reveló el académico de la Ibero Puebla, Tadeo Luna de la Mora.
 
En entrevista con Intolerancia Diario, el responsable del programa de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), explicó que de cada 100 víctimas que fueron representadas por asesores jurídicos, apenas 6 lograron obtener una reparación del daño.
 
En un estudio del IDHIE, reveló el debilitamiento de las instancias y servicios enfocados en la protección de víctimas, a través de las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas.
 
Luna de la Mora explicó que esto es esencial para garantizar los derechos constitucionales de las víctimas desde el inicio de la investigación.
 
En ese sentido, reveló que de 2020 a 2021 se registró un incremento de 8.9% en la población atendida por estas comisiones en el país y los estados con mayor incremento fueron: Aguascalientes, con 168.2 por ciento, Campeche con 165.9 por ciento, Colima con 109.1 por ciento y Veracruz 102.5 por ciento.
 
Por el contrario, hubo una reducción de personas atendidas en las entidades de Michoacán con -73 por ciento, San Luis Potosí con -42.5 por ciento, Yucatán con -11.5 por ciento y Chiapas con -9.5 por ciento.
 
El académico dijo que es difícil sostener un desempeño adecuado cuando los asesores enfrentan una sobrecarga de trabajo, por ejemplo, en Querétaro, cada persona asesora representa a 978 personas en situación de víctima, en Sonora a 546, en Durango a 418 y en Nuevo León a 410.
 
"En ese contexto, el trabajo se torna saturado, porque una sola persona tiene todos esos expedientes a su cargo y puede suceder que se desahoguen lentamente o no se lleven a cabo de manera adecuada".
 
E responsable del programa de Seguridad y Justicia del IDHIE, dijo que en las Fiscalías faltan los objetivos y las estrategias comunes bajo la lógica de un sistema de justicia penal.
 
"Con la revisión nacional, tanto en el ámbito federal como local, es posible observar que no existen esfuerzos de planeación sistémicos que definan prioridades claras y objetivos comunes para que cada instancia contribuya de forma sustantiva a su consecución".
 
Recordó que la actual administración federal y varias administraciones estatales han establecido mesas de trabajo con representantes de distintas instituciones para analizar temas relativos a seguridad y justicia, pero éstas se han limitado a tomar conocimiento y decisiones sobre aspectos operativos, pero no al análisis ni la coordinación.
 
Finalmente, explicó que mucho menos, hacen evaluación de políticas públicas, con excepción de Querétaro, Nuevo León y Coahuila, los sistemas de justicia penal carecen de mecanismos efectivos de coordinación técnica que articulen y orienten una planeación interinstitucional.