Aunque está en marcha un proceso de selección para nombrar a los integrantes del comité técnico para que funcione el protocolo Alba, la falta de ese instrumento puede llevar a que cada vez menos mujeres sean encontradas.

De acuerdo a la profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, Mariana Durán Márquez, en Puebla no se ha activado el protocolo en ninguno de los años en los que ha estado vigente, “si no se ha activado ya estamos en una falta grave de poder garantizar la búsqueda y el rescate de las personas”.

“De entrada, ahí ya estamos en números rojos y en deuda con todos los familiares de las víctimas, las víctimas y las personas, pero es un problema que nos aqueja a todos como sociedad, es decir, en cualquier momento nos puede tocar a nosotros".

El protocolo se incluye en la normatividad estatal porque tenemos una obligación como Estado mexicano de la adaptación de nuestras leyes a que existan estos protocolos que nos obligan, desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos a investigar y procesar todos los casos.

Sin embargo, al no activarse cada vez que se necesita incumplimos normas de carácter internacional que nos pueden llevar a que tribunales internacionales como la Corte Internacional de Derechos Humanos nos puedan sancionar porque estamos en incumplimiento.

Desde 2009 sale la sentencia de la CIDH y en 2012 el protocolo Alba se vuelve una coordinación de esfuerzos para que las demás entidades federativas, no solo Chihuahua que fue la primera obligada, tomaran conocimiento, pero en Puebla se emitió el protocolo a partir del 2019.

“Ya somos alrededor de 2 terceras partes de las entidades federativas que contemplan este protocolo desde el actuar de las Fiscalías, tenemos todavía 10 entidades federativas en el país que siguen sin contar con un protocolo de actuación en la materia”.

Durán Márquez, dijo que es un punto a favor, porque el gobierno, después de tantos sinsabores que se han llevado porque los colectivos exigen al gobierno que no han encontrado a sus familiares, porque por lo menos quieren saber en dónde están sus huesos, sus restos o sus cenizas.

Asimismo, esperan lo que puedan tener de ellos porque quieren saber por lo menos en donde quedaron, porque por el tiempo que ha transcurrido han perdido la esperanza de que los encuentren vivos.

Por eso, la exigencia hacia el Gobierno del Estado de Puebla y de la federación ha sido mucha y con este acuerdo que se emitió de SEGOB es un indicativo que están incluyendo a la sociedad civil, académicos y expertos.

Además, a las personas que viven en su día a día esta cuestión, para que se ejecute desde estas instancias, la cabeza de la comisión estatal de búsqueda que, junto con la Fiscalía se tienen que involucrar actores en la materia.