"Existen muchos elementos que no son considerados para la protección de las víctimas, porque el presupuesto que se requiere es muy amplio, porque buscan una protección integral", explicó el analista jurídico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano.

En entrevista con Intolerancia Diario, reveló que en este rubro se debe considerar el acompañamiento legal, la ayuda psicológica, tanatológica, gastos funerarios, medicina y doctores.

“Es un campo muy amplio que requiere de mucha disposición, muchas manos y ayuda”.

Violencia tiene costoso impacto en México: Causa Común

Las mediciones de Causa Común del primer trimestre de 2023, revelaron que se calcula que el impacto económico de la violencia en México es de 4.92 billones de pesos, lo anterior equivale al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir 38 mil pesos por persona.

“No existe la capacidad para atender todos estos aspectos, existe una incapacidad completa, porque se lucha con lo que se tiene, se hace a diario, el comisionado de víctimas está muy atento y su equipo responde bastante bien, porque se conjuntó un equipo bastante competitivo, bastante bueno y estamos luchando con esto”.

Causa Común documentó que, en los últimos cuatro años, la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente y se han reducido los fondos destinados a las policías locales.

Esta situación, lejos de mejorar, no se ha logrado disminuir la violencia, ni la incidencia delictiva en México.

“Este trabajo resulta de dos estudios realizados por Causa en Común: un análisis relativo a los registros delictivos y también existen otras valiosas aportaciones en el mismo sentido; es el caso del trabajo realizado por México Evalúa”.

Entre ellas, se señala que, en dos de cada tres estados, el “subregistro” indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de los registros, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) estima que el 93% de los delitos no se denunciaron o no iniciaron una investigación.

Ante eso, los delitos con mayor cifra negra son la extorsión con un 97.4 por ciento, el secuestro con 96.9 por ciento, el fraude con 96.3 por ciento, el robo parcial de vehículo con 94.2 por ciento, el robo o asalto en calle o transporte público con 94.1 por ciento y el robo a casa habitación con 89 por ciento.

Por eso, Santos Lozano dijo que buscan reuniones con la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado que están inmersos en la protección a las víctimas, porque cuando se trata de derecho humano se olvidan de la víctima.

Finalmente, explicó que en Puebla se observa que se defienden los derechos humanos para los agresores de la ley, para los delincuentes.