Más que la cancelación del programa de parquímetros en la Ciudad de Puebla, la problemática es que, si se afecta la tarifa o la cuota, es muy probable que el municipio no pueda aplicar en lo que resta del ejercicio 2023 las tarifas, hasta que haya una nueva ley de ingresos municipal.

El académico de la Ibero Puebla, Simón Alejandro Hernández León, también coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, dijo que el escenario que ya no se cobren el resto del año las tarifas del parquímetro son muy probables.

“El municipio anticipó que hasta que no le notifiquen va a seguir cobrando y tendrá en funcionamiento el programa, pero una vez notificado y que sepa que no hay base legal para establecer el cobro o que la base legal se declare inconstitucional no va a poder con estos cobros”.

El académico, dijo que, eso tendrá un impacto a nivel de recaudación, pero no es un impacto que sea definitivo porque se puede ajustar una vez que haya una nueva ley de ingreso, porque tampoco se cuestionó el programa de parquímetros.

Por eso, dijo, el que tiene que asumir estos cambios es el congreso del Estado de Puebla, porque la observación es para la Cámara de Diputados y no para el ayuntamiento, “debe observar este tipo de decisiones para evitar que en las próximas leyes se olviden este tipo de principios”.

El que debe ajustar su actuación es el Congreso poblano ante el mandato de la SCJN, con la finalidad que evite escenarios de inseguridad jurídica, “en el tema hay una confusión que se está usando políticamente”.

Primero, aclaró, lo que sucedió ayer establece la responsabilidad del Congreso del Estado y no del presidente municipal, por eso, la decisión afecta en la tarifa, no en el programa de los parquímetros.

Lo que revisó la SCJN fue la ley de ingresos municipal que se aprobó en el Congreso del Estado y que tiene una disposición inexacta porque genera dudas si este cobro es por día o es por hora, pero eso, no está precisado de manera concreta.

Y lo otro, dijo el coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, es que en esta disposición también se establece que la tarifa se sujetará a los lineamientos que emita la autoridad municipal.

“Esto es lo que la SCJN considera inconstitucional porque no permite dar seguridad al ciudadano actual que va a pagar y porque no es un acto que el cobro se ponga en la ley, sino que lo remite a otras disposiciones y a otra autoridad”.

Hernández León, señaló, lo que se afecta es la tarifa contemplada en la presente ley de ingresos del 2023, pero la Corte señaló que se hará un llamado al Congreso para corregir en el futuro estas irregularidades y deficiencias.

Por eso, es muy probable que en la próxima ley de ingresos ya no haya esta situación y no se afecte el cobro, “el cobrar no es modificado sino la base sobre la que se cobraba a partir de la ley de ingresos del municipio”.