"Hasta el momento, lo que vemos en acciones de gobierno avaladas por el Congreso del Estado de Puebla, son decisiones políticas que deben tener una discusión profunda, que se adopten con el mayor consenso posible para evitar inconformidades", reveló Simón Alejandro Hernández León, académico de la Ibero Puebla.

En entrevista con Intolerancia Diario, el coordinador de la licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón el problema es que el Congreso de Puebla sigue acumulando saldos negativos en acciones de inconstitucionalidad.

Recordó que el Poder Legislativo ya tiene al menos dos acciones de inconstitucionalidad y esta sería una tercera, donde la técnica legislativa y deficiencias en el procedimiento ha generado constantemente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté invalidando disposiciones.

"Además de evidenciar un mal trabajo legislativo también genera escenarios de incertidumbre jurídica, porque queda la interrogante de qué va a pasar con los cobros de los parquímetros".

"Esta situación reiterada del congreso es algo que debe alarmar para evitar que lo que cuando se legisle tenga la problemática de que afecte a los ciudadanos, que además es un proceso muy largo y llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un tema que se debe atender y con eso, se mejoren los procesos legislativos para atender este tipo de cuestiones".

Desde su perspectiva, en el caso de los parquímetros explicó que si afecta la movilidad, si es proporcional y si tuvo participación, eso se mantiene, lo que afecta es no tener facultad ante la ley de establecer el cobro y ahí el municipio tiene que acatar la decisión de la SCJN.

"Esos errores, son algo atribuido al Poder Legislativo, no al presidente municipal de Puebla ni al programa de parquímetros, que tiene un fundamento en el Código Reglamentario Municipal (COREMUN) y en los lineamientos que emitió la Secretaría de Movilidad e Infraestructura".

En ese sentido, recordó que si la ley dice 30 pesos de cobro y se basa en el reglamentos municipal, pero si el municipio dice que la ley se lo faculta y cobra no 30 sino 300, entonces la SCJN afecta el principio de proporcionalidad tributaria y de legalidad.

En ese caso, señaló Hernández León, no es la Ley de Ingresos la que fija la cuota, sino permite que otra autoridad sin un parámetro objetivo establezca un cobro y eso tiene afectaciones.

"La decisión de la SCJN y como lo colocan algunos actores políticos que se declaró inconstitucional no es así, dijo, porque en todo caso debe llevar a una discusión en términos de libertad y democrática, del municipio, de los actores, la sociedad, los empresarios y los legisladores, sobre los temas de movilidad".

Anteriormente, el académico de la Ibero Puebla afirmó que el riesgo posible es que se afecte el cobro del parquímetro para lo que resta del ejercicio 2023, hasta que haya una nueva ley de ingresos municipal que tiene que aplicar a partir del 2024.