Desde finales del año pasado, el organismo electoral federal ha recibido denuncias de la presencia de grupos de la delincuencia organizada y de los cárteles del narcotráfico, que se han infiltrado en las dirigencias locales de los partidos políticos.

Eso demuestra, dijo el director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo que, tratan de colocar mediante la violencia y amenazas a candidatos a modo a los puestos de elección popular y que han motivado también ataques a aspirantes que no cuentan con el respaldo de los cárteles.

Y aunque el INE presentó a los representantes de los partidos políticos un protocolo de protección a candidatos a la presidencia de la república, a los gobernadores, a los diputados federales y locales y a presidentes municipales, el riesgo en contra de algunos de ellos es latente.

Ese protocolo, recordó el académico, considera equipos de seguridad, con elementos y patrullas para resguardar a los aspirantes, dependiendo el número de elementos y la zona del país en la que participe el candidato de acuerdo con el riesgo existente.

“Vemos que la violencia política y el uso de recursos de procedencia ilícita para financiar campañas de los candidatos son dos de los factores que más preocupan a las autoridades electorales y que difícilmente podrán ser investigados o en su caso sancionados con la anulación del registro del candidato”.

Incluso, el académico consideró casi imposible que puede ocurrir que con la presencia del narcotráfico y del crimen organizado en el proceso electoral pueda proceder la invalidez de la elección, al demostrarse alguno de estos elementos.

Recordó que, actos como la venta de las candidaturas por parte de las dirigencias estatales y municipales de Morena y sus partidos aliados, es una práctica que se ha venido denunciando desde la elección de 2018, en la de 2021 y que seguramente en la de este año, se seguirá dando, sin que las autoridades electorales puedan intervenir o sancionar a los responsables.

Por eso, dijo, sin duda alguna que el papel de los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada en las elecciones del presente año, será crucial para las campañas, el día de la elección y la etapa posterior, porque los candidatos ganadores deben forzosamente contar con el visto bueno de estos grupos.

Y es que, de no ser así, nada les garantiza que se respetará el resultado de la elección que, aún y cuando les favorezca, no será suficiente para que lleguen a desempeñar los cargos.

La intervención de los cárteles del narcotráfico que controlan diversos municipios y tienen un peso muy importante en los gobiernos de varios de los Estados del país por lo menos desde la elección presidencial de 2006, de Felipe Calderón Hinojosa ha cobrado cada vez más fuerza.

Y aunque las autoridades oficialmente han tratado de negarla o minimizarla, representa actualmente un factor negativo que empaña la legalidad y validez del proceso electoral del 2 de junio de este año.

Cabe señalar que, aún y cuando no han iniciado las campañas electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han detectado varios focos rojos, alertando a las autoridades sobre los riesgos que implican para la jornada electoral y para la población.