En el Estado de Puebla prevalece un deterioro del acceso a la justicia y un incremento de la impunidad, porque la autoridad correspondiente no se entera o no inicia una carpeta de investigación en 9 de cada 10 delitos cometidos en territorio poblano, así lo aseguró Lilia Vélez Iglesias, directora general académica de la Ibero Puebla.
Y de los casos que llega a conocer la autoridad, apuntó, el 94.9 quedan en la impunidad, y lo peor, es que las personas no denuncian por la falta de confianza que prevalece sobre la autoridad.
Además, dijo, de acuerdo con el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENPIVE) 2022, la cifra negra de la delincuencia en el Estado de Puebla se ubica por encima de la media nacional que es del 92.4 por ciento.
Por eso, a pesar de la incapacidad de los sistemas legales para responder de manera efectiva a la delincuencia, los centros penitenciarios siguen sobrepoblados y en condiciones de hacinamiento.
Ante eso, alertó que es creciente el fenómeno de la prisión preventiva, porque el 58 por ciento de las personas privadas de su libertad en el Estado de Puebla, no han recibido sentencia condenatoria.
Lo anterior, de acuerdo con la información estadística penitenciaria nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por eso, desde la Ibero Puebla apuestan por un modelo de seguridad ciudadana basado en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de políticas de prevención.
Lo anterior, incide directamente en la incapacidad de ofrecer programas de reinserción social efectiva a las personas privadas de su libertad.
En ese escenario del fracaso de la estrategia de enfrentamiento a la delincuencia basado en la mano dura, la militarización de la seguridad pública y las acciones punitivas, desde esa casa de estudios jesuita apuestan por un modelo de seguridad ciudadana basado en el respeto a los derechos humanos.
Además, en el desarrollo de políticas de prevención de la delincuencia basadas en la justicia social con enfoque de género, en la interculturalidad, la construcción de la paz y la participación ciudadana.
La directora general académica de la Ibero Puebla dijo que, en ese escenario se tiene que diseñar e implementar políticas públicas multidimensionales de prevención de la violencia y la delincuencia y de la construcción de paz que, basadas en la evidencia, respondan a los principales problemas de seguridad desde lo local.
Además de fortalecer las instituciones policiacas civiles por medio de la capacitación y asignación de presupuesto adecuado, previendo la desmilitarización progresiva de la seguridad en la entidad poblana.
Asimismo, la aplicación preferencial de mecanismos que la ley ya prevé, de justicia restaurativa, de alternativas al proceso penal tradicional y de alternativas a la pena privativa de la libertad.
Por eso, para asegurar lo anterior, proponen la creación de un organismo consultivo ciudadano que asesore sobre el diseño e implementación de la política criminal y el tratamiento penitenciario en Puebla.
