Hace 7 años, en Puebla, el 9.6 por ciento de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar un trámite o llevar a cabo un servicio y para el 2021 ese porcentaje fue de 19.6 por ciento.

A decir del director general del Medio Universitario de la Ibero Puebla, Alfredo David Castillo Romero, en Puebla, la tasa de población que ha experimentado actos de corrupción al tener contacto con servidores públicos ha ido en aumento en los últimos años.

De acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el incremento de los actos de corrupción en el Estado de Puebla aumentó en un 51.03 por ciento en solamente 7 años.
con datos del Índice de Estado de Derecho en México, dijo que Puebla se mantiene por debajo del promedio nacional en dos factores primordiales, la ausencia de corrupción y límites al poder gubernamental.

En el rubro de ausencia de corrupción, dijo el académico, para el 2023 el Estado de Puebla obtuvo una calificación de 0.34 en una escala de 0 a 1, que la colocó en el lugar 19 en el país.

Para el facto de límites al poder gubernamental, dijo el experto, Puebla obtuvo 0.36 puntos, lo que la ubicó en el penúltimo lugar nacional, “en este rubro destaca la caída de los poderes legislativo y judicial, además de contrapesos eficaces y de los organismos de control”.

“El Estado de Puebla obtuvo una calificación aprobatoria en el factor de gobierno abierto, cuyos componentes son participación ciudadana y derecho a la información pública, donde Puebla obtuvo un puntaje de 0.52 y se ubicó en el décimo lugar en el rubro".

“Dos de los organismos vinculados con estos últimos componentes han enfrentado un debilitamiento institucional”, dijo el académico de la Ibero Puebla.

Ante eso, recordó que, en los dos últimos años, los procesos de designación de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se ha visto relentizado por parte del Congreso del Estado.

Y lo mismo sucedió con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que generó que no tengan la conformación óptima para su funcionamiento.

Castillo Romero dijo que la persistencia de la corrupción genera múltiples afectaciones en el desarrollo de la sociedad, “desde una dimensión social repercute en el respeto y garantía de los derechos humanos al impactar en la calidad de vida de las personas”.

Además, la ausencia de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas que contribuyan a combatir la corrupción afecta el sistema democrático y el estado de derecho.

Es importante mencionar que, en los últimos años se han impulsado reformas institucionales y legales que promueven el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos anticorrupción.