Espacios académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla, integrados al ecosistema de derechos humanos de la institución, expresaron su preocupación por la iniciativa de Ley que Establece los Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo en el Estado de Puebla, presentada el pasado 13 de febrero. Aunque reconocen la importancia de garantizar derechos como el secreto profesional y el acceso preferente a actos públicos, criticaron la falta de un proceso colaborativo y democrático en su elaboración.
En un posicionamiento firmado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y otros observatorios y coordinaciones académicas, se destacó que la iniciativa no fue producto de un debate amplio con periodistas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia. “Es sorpresivo que no se reconozca el contexto del periodismo en Puebla, un estado que, según el informe *Derechos pendientes* de Artículo 19, registró 241 agresiones contra periodistas entre 2018 y 2024, siendo la entidad con más casos de acoso judicial en el país”, señalaron.
Los académicos también señalaron que la iniciativa omite regular la publicidad oficial con criterios claros y transparentes, a pesar de que su artículo 7 reconoce indirectamente el uso de la pauta publicitaria como mecanismo de control editorial. “Esto es preocupante, ya que la publicidad oficial puede ser utilizada para influir en las líneas editoriales de los medios”, advirtieron.
Ante esto, los firmantes hicieron un llamado a abrir un debate público y amplio para construir una legislación que garantice la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, en línea con la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, entregaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla un análisis con 14 observaciones puntuales y tres generales, acompañadas de recomendaciones para mejorar la iniciativa.
“La verdad nos hará libres”, concluyeron los académicos, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en el estado.
