Tuvieron que pasar por lo menos ocho meses desde la explosión un gaseoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Martín Texmelucan, para que fuera reconstruido el llamado Puente Rojo, aunque todavía algunos damnificados no han sido apoyados.

Además, a pesar del tiempo transcurrido no se ha aclarado oficialmente por parte de los peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) las verdaderas causas y mucho menos han habido detenidos. Tampoco la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han emitido un veredicto, por lo que aún no hay culpables de aquel fatídico 19 de diciembre.

Tras la tragedia ocurrida en San Martín Texmelucan, Pemex comenzó la investigación penal de 75 empleados presuntamente relacionados con el robo de combustible, de los cuales 44 fueron separados de sus cargos, pero a nadie se le fincó responsabilidad penal por nada. Según los vecinos, las obras finalmente se concluyeron con trabajos apresurados y a destiempo, además algunas de las víctimas no han podido recuperar lo que perdieron en aquel trágico 19 de diciembre de 2010.

La obra estaba comprometida a entregarse en junio, pero se retrasó por la suspensión de la reconstrucción derivado de problemas administrativos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que detuvo en el flujo de recursos.

El señalado puente fue uno de los accesos más dañados, ya que conecta a las colonias El Arenal y Lázaro Cárdenas, pues durante todo este tiempo sólo hubo pasos provisionales. Sin embargo, la obra no ha dejado contento a nadie, ya que aunque es posible transitarlo, genera un caos vial por la inoperancia de semáforos ni tiene señales de vialidad, además de que el escombro fue dejado a un lado del puente. La inversión en el puente fue de de 22.4 millones de pesos, acto en el que además el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la rehabilitación de los puentes Atoyac y Colorado.

De acuerdo con el delegado de la SCT federal, Roberto Grajales mencionó que estas obras beneficiarán a seis comunidades aledañas a San Martín Texmelucan, como Domingo Arenas, Ángel, Volcanes y Vista Hermosa, así como al vecino estado de Tlaxcala y el Distrito Federal.

El presidente municipal Carlos Sánchez informó que el ayuntamiento recibió el pasado 15 de junio 20 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex), para la construcción de tres puentes peatonales, los cuales serán entregados dentro de algunos meses.

Enrique Delgado Flores, subdirector de Proyectos de la paraestatal, aseveró que hay un compromiso para combatir la extracción ilícita de petróleo, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para la población.

Sigue el miedo
A ocho meses de la tragedia ni siquiera existe un plan de reubicación de los ductos, los cuales seguirán cruzando la ciudad, a pesar de las exigencias de los vecinos para que les quiten el peligro de la puerta de su casa. Ahora, la zozobra aumentó porque las casas en reconstrucción aún no tienen ningún servicio, por lo que temen que dichos trabajos no los pague Pemex, pero sí los afectados.

En tanto, las consecuencias sociales y económicas en lugar de terminar se multiplican en cascada, ya que la paraestatal y el gobierno del estado sólo reconocieron como afectados —y con derecho a una indemnización— a los propietarios de 37 casas y a los deudos de los muertos. Al margen de pagos quedaron habitantes de los 62 edificios de la unidad habitacional San Damián, propietarios de pequeñas empresas y negocios que operaban en la llamada “zona cero”.

Durante este tiempo, Pemex solo se ha dedicado a cubrir los pagos a las personas más afectadas que vivían en la “zona cero”, quienes perdieron sus casas al cien por ciento, lo que significa un monto de más de 55.2 millones de pesos en indemnizaciones.

En un documento fechado el 23 de diciembre de 2010, los habitantes de la unidad habitacional San Damián exigían reparaciones en sus viviendas y la misma reubicación de las casas al estar ubicadas en una zona de peligro; sin embargo, a la fecha nadie les ha hecho caso; a seis meses de distancia, nadie les hizo caso. Al margen de los pagos quedaron habitantes de los 62 edificios de la unidad habitacional ubicada a menos de 100 metros de la zona del desastre, por lo que éstos exigen desde entonces ser incorporados a la lista de afectados y recibir el pago correspondiente por los daños a sus propiedades. Entre las afectaciones se han encontrados grandes grietas no solo a los edificios, sino a las cisternas y tinacos de los edificios 16 y 27, fisuras que van de lado a lado de la estructura.

La calle 11 de Noviembre —principal de la “zona cero”— hoy luce como una zona en construcción, ya que algunos de los que decidieron regresar reconstruyen sus viviendas, pero aún no terminan.

Virginia Martínez Celis es una de las vecina del lugar que le fue bien en la reconstrucción, ya que antes tenía una casa de dos cuartos hecha de block y techo de cartón, que habitaba con sus papás y cuatro hijos. Ahora, con una indemnización de 260 mil pesos por pérdida total de su casa, más otros 79 mil pesos por pertenencias quemadas, pudo edificar en el mismo terreno y tiene cinco recamaras, sala, cocina, comedor y dos baños, aunque faltan los acabados.

Filemón Rivas Martínez, propietario de dos hectáreas donde cosecha espinacas, afirmó que Pemex miente al asegurar que su producción no resultó afectada para no pagarle lo que correspondía y solo le dieron “migajas”. Afirmó que fueron más de 80 hectáreas y 20 productores afectadas en la zona por el derrame del combustible, por lo que ahora trabajan en recuperar la tierra.

“Hubo apoyo económico solo por nuestras cosechas quemadas en la explosión, Pemex aseguraba que todavía podía venderse el producto pero en las centrales de abastos no quisieron comprarlas.”

Pero no solo poblanos fueron los afectados por la explosión y quienes han sufrido un vía crucis para que sean reconocidos e indemnizados por Pemex, lo que tuvo que llegar al Congreso del vecino estado.

Fue así como diputados locales de Tlaxcala aprobaron la semana pasada el proyecto de acuerdo para exhortar al titular de Pemex, Juan José Suárez Coppel, para que indemnice a los afectados de la zona sur de Tlaxcala. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el diputado Carlos Augusto Pérez Hernández leyó el dictamen que presentó la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Readaptación Social.

En el documento se detalla lo derivado del siniestro ocurrido, por la falla del oleoducto de 30 pulgadas de diámetro en la zona conocida como Nuevo Teapa-Venta de Carpio ubicada en San Martín, Texmelucan. Según el reporte, el petróleo derramado afectó 83 casas habitación de la comunidad de Villa Alta, del municipio de Tepetitla; dos puentes, uno de vehicular y otro peatonal; dos kilómetros del río Atoyac resultaron afectados, así como las zonas agrícolas que generó la perdida de cultivos también en la zona de Nativitas.

“Pese a que la zona del afluente fue limpiada por personal de la paraestatal, el daño ya estaba hecho”, dijo en tribuna el legislador al referir que pese a la pérdida de la cosecha en aquellos municipios, hasta hoy en día no han sido indemnizados los campesinos y ejidatarios.

”Los municipios de Tepetitla y Nativitas no han recibido ningún tipo de apoyo, para beneficio de la ciudadanía en general, como se hace en otros estados de la República; es decir, para obra pública o el sector salud.”