Oswaldo Zamora Barragán, originario de Petlalcingo, regresó a Puebla.

Zamora Barragán, un niño de 12 años que se dedicaba al pastoreo y sufrió la pérdida de sus extremidades, luego de la explosión de una granada de fragmentación en una zona de prácticas del Ejército mexicano que carecía de medidas de seguridad y de restricción de acceso, abandonó el Hospital Militar de la ciudad de México la mañana de este viernes.

Personal del Ejército obligó a la familia al momento de firmar el alta de Zamora a firmar también una indemnización por 575 mil pesos.
La familia de Zamora Barragán ha rechazado recibir ese pago como un acto de dignidad.

“No es justo”, señala su padre Bernardo Zamora, un hombre delgado pero fuerte que era jornalero migrante en los Estados Unidos.

La familia exige que su hijo reciba una pensión de por vida. A la familia les preocupa el futuro de su hijo; su madre se nota cansada.
De nueva cuenta, la familia rechazó la magra indemnización.

“Nos dijeron que habían gastado en Oswaldo tres millones de pesos en su atención médica y que debíamos aceptar los 575 mil pesos”, relata su tía Amparo Barragán.

Ayer por la mañana en la ciudad de México la familia nuevamente rechazó el pago.

Personal del Hospital Militar quiso detener la salida de la familia del expastor de Petlalcingo.

Además le pidieron a la familia que sacaran a Oswaldo Zamora Barragán por una puerta trasera y que no salieran por el acceso principal, relata su padre.

Los elementos del hospital amenazaron a la familia con que si no aceptaba la indemnización de 575 mil pesos estaba cometiendo un delito.

“Revísenos, pues qué nos llevamos”, le dijo su tía Amparo Barragán a otro de los elementos del hospital.

Oswaldo Zamora Barragán avanzaba sobre la puerta principal mientras los elementos del hospital intentaban retener a la familia para que firmara el pago.

Cuenta su padre que intentaron retener a su hijo. Pero él avanzó y fue así como abandonaron el lugar donde permaneció casi dos años.
La familia aguardaba la llegada de una ambulancia de la institución de salud. Esperó más de 30 minutos. El vehículo jamás llegó para trasladar a Zamora Barragán.

Su padre pidió un taxi. En los jaloneos para que sus padres tomaran la indemnización, personal del Hospital Militar le quitó las llaves al taxista impidiendo su salida.

Lo obligaron a bajar las maletas del taxi.

La tía lloró.

La familia caminó y en la calle tomaron un taxi. Pensaban ir a la TAPO y tomar un camión hacia Puebla. Un grupo de reporteros de la cadena Univisión, que ha seguido el caso, los alcanzó; abordaron la camioneta para llegar a la nueva casa.

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Los 575 mil pesos es el tope que ha fijado el Ejército mexicano.

“Es lo que le corresponde según la Ley Federal del Trabajo”, le han señalado a la familia los integrantes del Ejército.

La recomendación de la CNDH/2/2011/ 7221/Q reconoce que personal del Ejército ocupó un predio rústico para realizar prácticas militares. Sin embargo, la misma CNDH es ambigua: por un lado deslinda al Ejército señalando que no hay elementos para determinar qué elementos militares incurrieron en el “descuido” que originó que abandonaran material explosivo en el predio.

El gobierno estatal le entregó a la familia una casa en el populoso fraccionamiento Misiones de San Francisco.

Su padre no tiene empleo. La casa que les entregó el gobierno estatal no tiene luz. Tampoco agua. Les hace falta hacer los contratos.
Apenas si colocaron las protecciones de la casa.

La familia vivía en Petlalcingo, ahora vivirá en una casa de la periferia de la ciudad. Por lo menos ahora están juntos.

Además a la familia, con la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto le cancelaron la entrega de “becas” de mil 800 pesos para Oswaldo y su hermano que había gestionado Margarita Zavala.

Y solamente han recibido 36 mil pesos de un programa de empleo temporal por parte del gobierno de Puebla; dinero que corresponde únicamente al primer semestre de este año.