Un estudio de El Poder del Consumidor reveló que las deficiencias del transporte público de Puebla llegan a provocar pérdidas hasta de 2 mil millones de pesos al año, tan sólo en la zona metropolitana, debido a decisiones del gobierno poco democráticas sobre el tema.

En el estudio se detalla que, si bien se realizan cambios en el transporte público en la ciudad de Puebla, los mismos han generado inquietud entre usuarios y transportistas, por lo que el análisis destaca que las decisiones acerca del transporte han sido poco democráticas y con la participación unilateral del estado.

Según el reporte, los modos de transportación, incluido el metrobús, no están regulados de manera adecuada, a pesar de la existencia de legislaciones de planeación, de administración y del transporte.

Incluso, ha generado un mercado imperfecto y deficiente, en el cual la tarifa la define el gobierno del estado sin considerar el funcionamiento del mercado del transporte.

El organismo no gubernamental (ONG) detalló que los traslados largos en condiciones poco cómodas, e incluso el estrés de viajar en unidades lentas que circulan por avenidas congestionadas, causan daños a la salud.

Dichos daños llegan a equivaler gastos de hasta 620 millones de pesos en enfermedades generadas por la ineficiencia en el transporte público.

Por lo tanto, en un comunicado que emite a nivel nacional, urgió a las autoridades estatales un cambio de visión en el método de movilidad para atender los 3.5 millones de viajes al día que se realizan en la zona metropolitana.

Además, indicó el organismo nacional que promueve los derechos de los consumidores, que en el caso de Puebla se pueden integrar todos los sistemas para generar un Sistema de Movilidad Integrado (SMI).

El coordinador de Transporte Eficiente del Poder del Consumidor, Gerardo Moncada Martínez, dijo que en la zona metropolitana operan 163 rutas de transporte público que se suman a los 400 mil automóviles particulares que están en circulación.

La propuesta de solución del organismo implica reducir la sobreoferta, hacer más eficiente el sistema e involucrar a los concesionarios, al gobierno y a los usuarios. El Poder del Consumidor recordó que existen diversos fondos nacionales y del exterior para crear esquemas de financiamiento acordes con las dimensiones y la complejidad del problema. 

También, informo que la evolución del sistema de transporte ha pasado por cuatro etapas: 1. Camión-familia, con rutas espontáneas e improvisadas, 2. El servicio como concesión, 3. Creación de organismos reguladores del servicio y 4. Introducción de sistemas de control complejos y avances tecnológicos tanto en unidades como en el diseño de rutas.

Finalmente, insistió en la necesidad de actualizar el sistema a partir de la existencia de nuevos modelos de vehículos, que superan los autobuses convencionales.

Las observaciones
• Se gastan 620 millones de pesos anuales en enfermedades generadas por dicha ineficiencia.
• El volumen de viajes en Puebla exige un cambio de visión para atender los 3.5 millones de viajes al día, con 163 rutas de transporte público y 400 mil coches en circulación. 
• Es necesario distinguir entre el marco jurídico externo y el interno del transporte: el primero está ligado a la normativa, la legislación y los lineamientos señalados por el estado para las empresas concesionarias; el segundo es el que se refiere a los aspectos de acta constitutiva, ética, política, organigrama y manuales de funcionamiento de una empresa de transporte.
• Se requiere considerar la participación de otros actores sociales involucrados, para generar las buenas prácticas de la movilidad y las implicaciones jurídicas de estas intervenciones.
• El marco jurídico se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos 5, 26 y 28. En los cuales se fundamenta la existencia de la Ley de Planeación Democrática.
• Al parecer, las decisiones acerca de este tema han sido poco democráticas y con la participación unilateral del estado, lo que ha generado un mercado imperfecto y deficiente, en el cual la tarifa la define el gobierno del estado sin considerar el funcionamiento del mercado del transporte.
• Se señaló que los modos de transportación, incluido el metrobús, no están regulados de manera adecuada, a pesar de la existencia de legislaciones de planeación, de administración y del transporte.
• En esta perspectiva, se sugiere promover una planeación democrática del servicio del transporte.

Las opciones
*Cada vehículo como patrimonio familiar
*Seguridad jurídica de la concesión
*Consolidación de empresas del transporte
*Creación de un tribunal de lo contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial del Estado
*Certificación de la concesión
*Reglamentación de la planeación del transporte