En el marco del Día del Recluso, organizaciones civiles y universitarias hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que modifiquen las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en México.
Asimismo, informaron que, de los 420 existentes, 220 centros de reclusión presentan un problema de sobrepoblación, situación que conlleva a la falta de atención y oferta de servicios básicos como el suministro de agua y medicamentos.
Asimismo, existe autogobierno, corrupción y altos grados de violencia e incidentes que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas privadas de libertad que están bajo la responsabilidad del Estado.
A este exhorto se unieron la Coalición por los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en el Sistema Penitenciario Mexicano, formada por Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC.
Al respecto, recordaron que el sistema penitenciario debería ser, en su conjunto, una institución de servicio y no de suplicio para quienes, habiendo cometido o no un delito, permanecen en algún centro de reclusión. Las personas privadas de la libertad, formalmente, sólo tienen restringido el derecho de la libertad.
Sin embargo, las condiciones en las que viven provocan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. “Hoy, Día del Recluso, resaltamos el hecho de que el delito es un fenómeno social que debe atenderse no sólo desde el enfoque punitivo-aflictivo, sino con una política criminal integral y con medidas alternativas a la prisión que reparen y dignifiquen a la víctima”, señalaron en su comunicado.
El hacinamiento es uno de los principales problemas de los centros penitenciarios en México. La tasa de sobrepoblación a nivel nacional asciende a 28.32%. Pero ese es un promedio. Debemos voltear a ver casos como el de Tlapa, Guerrero, cuyo Centro de Readaptación Social presenta 46% de sobrepoblación.
El Distrito Federal, por su parte, alcanza el 100% de sobrepoblación. Esto provoca que en celdas originalmente construidas para 4 o 6 personas tengan que vivir hasta 25 internos. Todo en detrimento de las condiciones de vida de quienes por alguna circunstancia permanecen privados de su libertad.
Las familias de las personas privadas de la libertad también están presas de alguna manera al tener que modificar todos los ámbitos de su vida para satisfacer diversas necesidades que en principio corresponderían al Estado.
A los familiares se les transfiere el estigma, la criminalización y marginalidad, así como también la responsabilidad de proporcionar medicamentos, alimentos, material y herramientas de trabajo.
“Tampoco podemos afirmar que todas las personas que están privadas de la libertad estén ahí por haber cometido un crimen.”
Señalaron que 42% está bajo la figura de la prisión preventiva, es decir, fueron detenidos bajo el supuesto de que cometieron un delito y sin que se les haya comprobado responsabilidad alguna; la autoridad presume que existe la posibilidad de que la persona se evada a la acción de la justicia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su Artículo 16, que la prisión preventiva no debe exceder de dos años, tiempo más que suficiente para que la autoridad demuestre la responsabilidad del acusado o acusada.
No sucede así. Desde Asilegal se han documentado casos como el de Roberto Pastrana, quien permaneció cinco años en prisión preventiva. También, denunciaron que Marcial y Sebastián Zúñiga permanecieron 10 años sin sentencia, lo mismo que Zenaida Pastrana.
Por otro lado, la no implementación de la Reforma al Sistema de Justicia provoca que la pena de privación de la libertad sea el último escaño del proceso penal, cuando en realidad debería ser una etapa más.
La autoridad competente debería estar vigilando el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos mientras las personas cumplen una sentencia, siendo el eje rector de la misma la reinserción y la reparación del tejido social.
Por ello, se solicita a los gobiernos de los estados y a la federación que agilicen la implementación del Sistema Penal Acusatorio en las entidades donde aún no se ha realizado y que, a través de ello, se sustituya el modelo de readaptación social por el de reinserción social.
“Este sentido, también solicitamos que se respeten las reformas realizadas al Artículo 18 constitucional, en el cual se señala que el Sistema Penitenciario debe fundamentarse en el respeto a los derechos humanos, el deporte, el trabajo, la capacitación para el mismo y la salud. Estos son derechos sustanciales dirigidos a la población privada de la libertad y no deben restringirse o condicionarse.”
También, se exige que el Estado, en su conjunto, asuma su responsabilidad al administrar de forma correcta los Centros de Reinserción Social. Esto implica la asignación del presupuesto necesario para elevar la calidad de vida que las personas privadas de libertad tienen al interior de estos centros. Asimismo, implica asumir el trabajo de gestión del sistema penitenciario y evitar a toda costa su privatización y subvención a la iniciativa privada.
Finalmente, pidieron eliminar la estigmatización hacia las personas privadas de la libertad. Esto implica la socialización del sistema penitenciario a través de campañas públicas en las cuales se desmitifique la etiqueta que tienen las personas en conflicto con la ley y se fomente la tolerancia hacia la personas que han estado en internamiento penitenciario para así lograr una efectiva inclusión en la sociedad y se garantice la protección de sus derechos por parte del Estado.
Ceresos Puebla
Al interior de los penales en Puebla se puede encontrar de todo, desde armas punzo-cortantes “caseras” hasta estupefacientes de todo tipo, todo gracias a un contrabando bien organizado, acusan y reconocen tanto internos como autoridades.
Estudios de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, como testimonios, coinciden en señalar la grave situación que se vive en las cárceles poblanas, donde diariamente es una aventura sobrevivir a los abusos.
Internos del penal —quienes pidieron anonimato— acusaron que existen cuotas por traslados de reos, preliberaciones, concesiones del kiosco y venta de bebidas embriagantes.
Hasta se tiene que pagar para visita íntima o conyugal, señalan, ya que quien quiere tener derecho a pasar debe pagar 350 pesos por dos horas para que le presten una habitación.
Asimismo, indican que si quieren pasarse toda la noche en el cuarto de visita íntima los custodios llegan a cobrar hasta 2 mil pesos, o quien tenga la oportunidad de vivir en esa área debe pagar nada menos que 7 mil pesos al mes para no ser llevado a otra área, donde se encuentran presos de más de 10 años de sentencia.
Si los presos quieren tener ciertos lujos, deben pagar por tener su DVD, resistencia para agua caliente, televisión y 10 pesos diarios para los custodios que pasan lista. Para bajar al patio, cada custodio debe pagar 10 pesos.
Claro, las denuncias no pueden realizarse, ya que quien se atreva a hacerlo corre el peligro inclusive de muerte o de una golpiza. "Y en los dormitorios ni se diga, son focos de infección en su máxima expresión, pues hay charcos que parecen pantanos con enjambres de moscas pululando y ese es un alto riesgo de contraer dengue y otras infecciones contagiosas, sobre todo.
”También, aparte de tener los baños concesionados, hay quienes presta dinero a rédito con el 40 por ciento de interés, y además cobra renta por las mesas con sombrilla, que son para que las ocupan las visitas, y el cobro fluctúa de 10 a 20 pesos, según el tiempo de estancia.
”Si algún interno se niega a pagar el altísimo interés, un custodio lo entalacha con trabajos denigrantes para cualquier ser humano. Y también se les paga una cantidad a los mismos custodios o a algún jefe para que lo golpeen y lo encierren en el dormitorio de castigo o en el de máxima seguridad (conductas especiales).
”Todos los dormitorios a la hora de cierre, que es de 06:30 a 7, todos, absolutamente todos los custodios cobran a cada interno cantidades que fluctúan desde un peso, dos pesos, cinco pesos y 10 pesos, y también si algún custodio o supervisor detecta o le informan que algún interno anda vendiendo droga, se la decomisan, le cobran una cantidad fuerte de dinero con la amenaza de que si no paga le abren otro proceso.”
Las cuotas
Mediante una investigación de Intolerancia Diario, familiares de reclusos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel acusaron de la corrupción que sufren los reos, donde les cobran desde la entrada de visitas, hasta para ir al baño.
Las personas de escasos recursos, quienes esperaban afuera de las instalaciones del penal, acusaron a los custodios de cobrarles el acceso de a 20 pesos por persona por visita: “Sino los tienes, nomás no te dejan pasar”.
Lorenzo Alameda indicó que tiene que dejarle hasta 300 pesos cada tercer día a su familiar para que haga diversos pagos, como el poder tomar agua, darse un baño y hasta para hacer sus necesidades fisiológicas, además de la cuota respectiva por dejarlo dormir en los separos.
“Imagínese, cada que vengo a visitarlo tengo que desembolsar asta 500 pesos, ya que como vengo de lejos y con mi mujer, pues gastamos en pasajes y en la entrada de visita.”
Yolanda Escalona señaló que su hijo, internado desde hace más de dos meses, tiene que pagar 170 pesos semanales para que pueda ver la televisión: “Ya le dije que no vea tanta tele, es mucho dinero”.
Otra cuota, de las más importantes, es darle al menos 100 pesos cada tercer día a un “cabecilla” para ser protegido de golpizas: “Si no le atoras, ya te fregaste, porque hasta violado sales”.
Además, otros entrevistados indicaron que la corrupción al interior del penal esta totalmente descontrolada, con la anuencia de las autoridades. “No puede ser que nos sepan que te cobran hasta por ir a cagar”, dijeron.
La revisión en San Miguel cuenta con aduana, detectores de metales, además del equipo computarizado de Rayos X para bolsos y objetos, pero la revisión a fondo para las mujeres no llega a tocar sus partes nobles.
Inclusive, afirmó que no se pueden ingresar objetos grandes, como bolsas, comida enlatada, embutidos o botellas de alcohol, aunque —según testimonios— la realidad es distinta.