De 10 minutos, hasta cinco horas pasaron los tiempos de espera para verificar los niveles de contaminación de un automóvil en Puebla. Pero además los ex concesionarios pasaron a ser parte de los perseguidos del morenovallismo.

Y es que aunque ganaron tres amparos, las anteriores autoridades desacataron fallos judiciales para regresarles su concesión.

En consecuencia, aparte del grupo de 65 empresarios, miles de poblanos fueron afectados no solo con los tiempos de espera, sino hasta con los altos de niveles de contaminación que se registraron este año.

Todo porque ahora los 17 verificentros ubicados en todo el Estado no se dan abasto y solo abarcan el 20% del padrón vehicular, cuando antes los 95 establecimientos, daban servicio al 60 por ciento.

José Luis Gongora Calvario, en entrevista a Intolerancia Diario, señaló que están dispuestos a regresar al negocio, incluso con inversiones superiores al millón de pesos cada uno, para lograr la concesión.

Además señalaron que son la única agrupación constituida legalmente por lo que desconocieron al grupo representado por Jorge Méndez Espínola, quienes buscan participar en el otorgamiento de nuevas concesiones. 

El combate y la diferencia

José Luis Góngora, empresario y presidente de la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla, explicó que en 2014, cuando les suspenden las concesiones por la conclusión del nuevo programa de verificación vehicular, simplemente no les renuevan.

“Cuando nos fuimos por los movimientos de (Rafael) Moreno Valle, teníamos una cobertura de 60 por ciento del padrón vehicular y ahora bajó considerablemente hasta un 45%”, dijo.

Indicó que cuando empezaron con el problema del despojo, ya andaban en un 25%, pero cuando se extingue el programa baja del 20 al 17 por ciento, que se mantiene hasta la fecha.

Le gente empezó a ver el problema de los traslados para poder ir a verificar, señaló, lo que repercutió en la verificación.

“Luego llego y hay una fila de cien autos, pues me estoy todo el día. La gente empezó a desmotivarse, eso ocasiona todo el problema que se generó”, dijo.

Pidió que se debe hacer una investigación en cuanto al proceder de las autoridades del gobierno de Rafael Moreno Valle, lo que le han pedido incluso personalmente al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Señaló que no es el objetivo principal, pero está  bien visto que no funcionaron, ni funcionarán, sino que debe haber una reingeniería del programa.

Por lo tanto, indicó que debe haber nuevos centros de verificación, para tener una certeza de lo que se realiza, hasta tener la calidad de los servicios, con técnicos especializados, “para sacar del hoyo al programa en el que está”, afirmó.

Vigilados

Afirmó el representante de los ex concesionarios de verificentros, Luis Góngora, que contrario a lo que se afirmó como excusa, la corrupción era muy poca, por la vigilancia que tenían constante de la secretaría del Medio Ambiente.

Explicó por ejemplo, que los programas no podían abrirlos, sino solo autorizados por las autoridades que estaban conectados a las máquinas.

-¿Cuándo ustedes trabajaban, en que promedio de tiempo se verificaba un automóvil?

-Diez minutos, anteriormente teníamos mínimo tres cámaras de vídeo. Una enfocaba toda la panorámica del vehículo desde que entraba hasta que salía, una atrás, apuntando al escape y otra adelante, donde se veía todo.

Indicó que cuando el automóvil se estacionaba en la línea, inmediatamente las máquinas mandaban la señal a la dependencia estatal, informando que había un vehículo, por lo que se autorizaba abrir el programa.

“No podíamos abrirlo directamente, tenía que meter la clave, era un control, así solo se abría con la autorización de la dependencia”, añadió.

“Si una de las cámaras de apagaba por equis situación, inmediatamente se apagaba el equipo, no se podía abrir hasta hablar con la Secretaría por medio de un escrito”, dijo.


-¿Realmente estaban muy bien vigilados?

-Muy bien vigilados, no dudo que haya habido algún compañero que sí (se corrompía), pero eran los menos.

Señaló que a comparación con los actuales verificentros, ahora no hay nada de esa vigilancia.

Apuntó que cuando se les entrega la concesión a algunos en 1989, una de las características era que sería revalidada a petición por escrito.

“Ahorita no tenemos una cancelación definitiva, simplemente no fue revalidada cuando extinguen el programa, automáticamente las concesiones se extinguen”, dijo.

-¿Cuánto llegaron a perder económicamente en este lapso?

-Hemos perdido mucho, no nada más económicamente, que a lo mejor podría ser lo de menos, había personas que les dio el infarto, se enfermaron, vivían de eso, de ahí se mantenía a la familia, teníamos tres técnicos mínimo cada uno. Se perdieron muchos empleos, comentó.

De este modo indicó que tras el anunció del gobernador Luis Miguel Barbosa de que se reabrirá una convocatoria, es una oportunidad para reabrir los negocios cumpliendo con la norma.

“También vamos a llevar el empleo a las zonas donde se pueda llegar”, aseveró.

-¿Cuánto piensan invertir cada uno?

-No creas que tenemos el dinero, vamos a buscar financiamientos, créditos bancarios.

-¿Pero ya hicieron sus cuentas?

-Si claro, alrededor de 3 a 4 millones de pesos cada uno mínimo para abrir un establecimiento con tres a cuatro líneas. Lo positivo es que  en zonas como Teziutlán, Zacatlán no hay centros de verificación y allí se perdieron cuatro centros, con la gente que dependencia del centro de verificación.

“Ahora nuevamente se van a rehabilitar. Eso es lo positivo, que el gobernador lo tiene en mente, acercar el empleo a esa gente, podría incluso bajar los niveles de delincuencia”, concluyó.