Las personas que se encuentran en las cárceles de Puebla bajo prisión preventiva no podrán ejercer su derecho al voto, una vez que la prueba piloto que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) no aplica para los penales estatales y municipales.
Luego de que se diera a conocer el pasado lunes que 2 mil 185 personas que se encuentran en prisión preventiva, acusados de diversos delitos, podrán votar para las elecciones del próximo 6 de junio, se aclaró que esto sólo es para quienes están los cinco penales federales, de los cuales ninguno está en Puebla.
El INE anunció que implementará por primera vez una prueba piloto para garantizar que 2 mil 185 personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al sufragio, mediante el voto anticipado.
La jornada de votación con este modelo se llevará a cabo el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días, mientras que el escrutinio y cómputo de los votos se realizará el 6 de junio.
La consejera del instituto, Dania Ravel Cuevas precisó que en el actual proceso electoral se implementará por primera vez una prueba piloto vinculante “encaminada a que las personas que están en prisión preventiva y, por ende, no han recibido sentencia condenatoria puedan ejercer su derecho al sufragio, lo que constituye una medida de gran importancia en favor de los derechos humanos”.
Se buscó atender la directriz de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tener una perspectiva de género e intercultural, por lo que se incorporó entre los cinco Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) uno femenil y otro de población indígena.
Podrán votar dos mil 185 personas en prisión preventiva, mil 680 son hombres y 505 mujeres, número que podría disminuir si alguna de éstas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieron no están inscritos en el Padrón Electoral.
Agregó que través del voto postal anticipado se enviará un paquete de correspondencia personalizado que incluirá un instructivo de votación, el resumen opciones electorales, la boleta y un sobre para enviar el voto, el cual podrán realizar en total secrecía ya que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar lugares que garanticen la privacidad y en donde sea posible colocar la mampara especial.
El escrutinio y cómputo de los votos se va a llevar a cabo el 6 de junio por funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla, en las mesas de escrutinio y cómputo del voto de personas en prisión preventiva, en las Juntas Locales de la entidad en donde se encuentra cada uno de los Ceferesos.
En marcha el registro de candidatos
A su vez, se recordó que el pasado lunes inició el registro de candidaturas que postularán los partidos políticos y coaliciones a la Cámara de Diputados en este 2021 en los 15 distritos federales de la entidad.
Las y los aspirantes deberán registrarse ante la Junta Ejecutiva que corresponda al distrito por el que van a contender o bien de forma supletoria ante la sede nacional del INE. Se trata de un procedimiento previo al arranque de las campañas electorales federales, mismas que está previsto inicien el próximo 4 de abril y concluyan el 2 de junio.
La ley establece una serie de criterios y requisitos que deberán cumplir tanto las personas que aspiran a una diputación federal como las fuerzas políticas que las postulan para registrar las candidaturas, entre los que destacan los de paridad, que suponen medidas como la alternancia de género en las fórmulas de las listas de representación proporcional, el hecho de que al menos en dos circunscripciones dichas listas sean encabezadas por mujeres, así como la integración de fórmulas con propietarias y suplentes mujeres para evitar que una solicitud de licencia les quite a ellas un espacio de representación en el Poder Legislativo.
Además, quienes aspiran a una diputación federal deberán firmar, bajo protesta de decir verdad, un formato donde se establezca que no han sido condenadas, mediante resolución firme, por violencia familiar o doméstica y cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad corporal, o por ser deudor incumplido de pensión alimentaria.
Este 3 de 3 busca responder al justo reclamo de las mujeres por una vida libre de violencia, además las y los candidatos no deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionados por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.