Con alta ineficacia ha operado el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIPUE), reveló el observatorio en la materia de la Universidad Iberoamericana Puebla, "Con los ojos abiertos".
El organismo universitario, así lo resaltó en un amplio estudio en el que analizan desde 2019 las revisiones a los sujetos obligados para que cumplan la Ley de Transparencia estatal.
Refiere en el documento, de más de 16 cuartillas, que se encontró un alto grado de incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla por parte de las autoridades estatales y municipales.
Se hizo el análisis de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentadas por la ciudadanía, así como las verificaciones anuales de las publicaciones hechas por los sujetos obligados, así como la aprobación y ejecución de medidas de apremio por violaciones a la ley de transparencia.
También se destaca que la falta de aplicación de las sanciones determinadas son algunos de los problemas que se identificaron al analizar la actuación del ITAIPUE.
Se encontró, por ejemplo, que los procesos de verificación de los últimos dos años han sido insuficientes, pues la metodología definida por el instituto para seleccionar a los sujetos obligados que serían objeto de esta revisión es deficiente.
Explicó que toma como base los resultados de la revisión hecha en 2019, lo cual generando desigualdades importantes que han ocasionado que cerca de 100 de ellos no hayan sido verificados desde ese año.
Asimismo, se destaca que pese a la reducción en el padrón de sujetos obligados que son verificados, se mantiene un alto índice en el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia, el cual oscila entre el 66 y el 80 por ciento.
Asimismo, se identificó que no hay criterios claros para la definición de las medidas de apremio que se imponen a los sujetos obligados que incumplen con sus obligaciones en la materia, y mucho menos mecanismos firmes para el cumplimiento de éstas, lo que deriva en altos grados de impunidad por estas violaciones a la ley.
“Todo esto representa una vulneración al derecho humano de acceso a la información, pues el organismo que debería garantizar que la ciudadanía acceda a este no tiene forma de obligar a las autoridades a que cumplan con la ley y, en ocasiones, con las propias resoluciones que se emiten por parte del pleno, lo cual podría significar además una condición de debilidad institucional por parte del órgano garante”, sostiene el observatorio universitario.
Explicó el observatorio de la universidad jesuita que para hacer una verificación de la actuación del instituto, se presentaron diversas solicitudes de información y se revisaron reportes y documentos publicados por el propio organismo correspondientes a tres de sus funciones.
