Un grupo de activistas, protestan en las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto a Miriam Vázquez, originaria de Huauchinango, quien acusa de la sustracción ilegal de sus hijas a su ex pareja.
A unos días de que se aprobó la Violencia Vicaria, la afectada exige a las autoridades que se agilice el trámite de la denuncia, ya que incluso acusa la violación de una de ellas por parte del mismo sujeto.
Miriam Vázquez, afirmó que su esposo embarazó a su hija a los 14 años de edad y ahora tiene 16 y un bebé de diez meses, luego de que se la llevó a la fuerza junto con la hermanita menor de 8 años.
Pese a las denuncias, hasta el momento, acusa, la FGE no actuó con la premura necesaria, por lo que desconocen su ubicación.
Señala que cuando se enteró de que su hija, fue violada, embarazada y tuvo un niño, integró una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, asentada en el número FGEP/3T-CD/414/222.
La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género, determinó otorgar medidas de protección a la víctima menor de edad.
Pero a pesar de la orden, no se cumplimentaron las medidas, por lo que fueron sustraídas por parte del presunto violador y ex pareja, luego de que se enteró de las denuncias, “me las arrebató de la mano”, acusó la mamá.
Además, aunque autoridades le prometieron a la madre activar la alerta Ámber como medida para una localización inmediata ante el riesgo, el sujeto se llevó a las dos menores y despareció.
El pasado 2 de marzo, otra denuncia fue levantada ante Itzel Chávez Gómez, encargada del Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por el Delito de Violación que señala no fue atendida.
Incluso el día de la sustracción, afirmó que llamó toda la noche al 911, pero nadie respondió.
De este modo, exige la ubicación de las niñas y el bebé sanos y salvos y recupere a su familia.
Violencia vicaria
Apenas la semana pasada, el estado de Puebla se convirtió en el sexto estado en reconocer y tipificar la violencia vicaria como delito.
Su castigo será de hasta con 10 años de prisión y multas superiores a los 35 mil pesos, al ser incluida como una agravante de violencia familiar.
La ley también protege a las mujeres con hijos adoptivos o hijastros, para garantizar la protección de todos los menores de edad.
De este modo, se reforman cinco ordenamientos estatales, a fin de mejorar la impartición de justicia para las mujeres, mediante un enfoque con perspectiva de género.
La violencia vicaria quedó reconocida como “todo acto u omisión intencional, con el objeto de causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos; así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima”.
De acuerdo con el dictamen, será una agravante de la violencia familiar, delito que actualmente se sanciona con penas de dos a ocho años de prisión y multa de 50 hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en el momento de la comisión del delito.
