La Unión Europea ha visto en 2011 cómo la crisis de la deuda extrapolaba todas las previsiones y derrumbaba los gobiernos de Grecia e Italia, mientras las firmas calificadoras amenazaban con degradar las notas de los países de la zona euro.

En abril pasado, Portugal sucumbió a la presión y se convirtió en el tercer socio europeo en solicitar asistencia financiera a sus socios, tras Grecia, en mayo de 2010, e Irlanda, en diciembre de ese mismo año.

Para calmar a los mercados e intentar detener el contagio de la crisis, la Unión Europea (UE) decidió, a finales de julio pasado, conceder un segundo paquete de ayuda a Grecia por 160 mil millones de euros (unos 209 mil millones de dólares).

No obstante, la tardanza en liberar el pago a ese país de ocho mil millones de euros (unos 10 mil millones de dólares) correspondientes al sexto tramo de su primer rescate ha suscitado rumores sobre una posible moratoria y contribuyó para empeorar la situación general.

España e Italia acumularon niveles récord en las primas de riesgo que tienen que pagar para colocar sus bonos de deuda en los mercados y se tornaron en el nuevo blanco de las agencias de calificación.

El temor de que esos dos países -la cuarta y tercera economía europea, respectivamente- necesitasen también ser rescatados obligó al Banco Central Europeo (BCE) a comprar parte de sus deudas para ayudarlos a financiarse.

El escenario se volvió más negro a finales de octubre pasado, luego que el entonces primer ministro griego Yorgos Papandreu anunció que convocaría un referéndum sobre los nuevos ajustes exigidos a su país a cambio de la ayuda de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En medio de la tormenta que se generó en los mercados y la presión de Alemania y Francia, Papandreu reconsideró su decisión y dio paso a un cambio de gobierno que permitiera la aplicación de las reformas en su país, aunque el daño ya estaba hecho.

Ante la gravedad de la situación, los líderes europeos han multiplicado las cumbres, los consejos y las conversaciones telefónicas, con resultados basados en exigencias alemanas y francesas, muchas veces repetitivos y no siempre puestos en práctica.

El nuevo pacto fiscal acordado por los países de la UE -excepto Reino Unido- en su cumbre de diciembre recoge algunos compromisos ya contemplados en el Pacto por el Euro, firmado en marzo, así como en el paquete de seis medidas legislativas de gobernanza económica, que entró en vigor este mes.

Es el caso de la obligación de someter los proyectos de presupuestos nacionales a la Comisión Europea (CE) antes de su aprobación, y del principio de la mayoría inversa en la aplicación de sanciones a los países que superen los límites de déficit y deuda públicos.

Otro ejemplo es la ampliación del fondo de rescate europeo, decidida en julio pasado. En octubre se acordó que su capacidad debería alcanzar el billón de euros (1.3 billones de dólares), aunque hasta ahora sigue pendiente de definir cómo lograr ese refuerzo.

La idea inicial, de atraer inversores públicos y privados de las grandes potencias y de economías emergentes, se reveló improbable dado el poco interés manifestado por China, Brasil e incluso Estados Unidos.

Las dificultades son tantas que el líder del Eurogrupo, el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, admitió que será probablemente imposible alcanzar el valor deseado para el fondo.

Entre las últimas medidas anticrisis pactadas por la UE se incluye el refuerzo de la contribución europea al FMI en 200 mil millones de euros (unos 261 mil millones de dólares), pero ya hay dudas de que sea posible alcanzar ese valor.

Los miembros de la zona euro se pusieron de acuerdo para aportar 150 mil millones de euros (unos 196 mil millones de dólares) de ese total, con la expectativa de que los demás socios de la UE completen el monto.

No obstante, hasta ahora, sólo cuatro de los 10 países no miembros de la unión monetaria se comprometieron firmemente a contribuir con la iniciativa: República Checa, Suecia, Dinamarca y Polonia.

Reino Unido, que se distanció de todos sus socios durante la última cumbre europea al rechazar adherirse al nuevo pacto fiscal, indicó que decidirá a principios de 2012 si participa en el plan.

En medio de todos esos esfuerzos, la situación en la zona euro sigue siendo alarmante.

La agencia estadística europea, Eurostat, estima que el crecimiento de la economía del grupo de 17 países en el último trimestre de este año no superará el 0.1 por ciento, mientras que para todo 2011 se calcula un crecimiento del 1.6 por ciento.

Las peores perspectivas son las de España e Italia, que cerrarán 2011 con crecimientos de 0.8 y 0.7 por ciento, respectivamente.