Solamente 38 de los 217 municipios del estado tienen Atlas de Riesgos, además de que el de la entidad tuvo su última actualización en el año 2009, informó Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Durante la presentación de la Agenda Estatal De Protección Civil Puebla 2023, con la presencia del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se detallaron los principales riesgos que sufre el territorio poblano.
Izcapa Treviño detalló que 16 demarcaciones tienen peligro muy alto y otras 41 alto, debido a las inundaciones, mientras que 143 están en riesgo por los sismos.
Otros 65 municipios sufren peligro alto por deslizamiento de laderas, en tanto que 73 se encuentran en esta situación por las tormentas eléctricas. En este último caso, detalló que de 1998 a 2020, perdieron la vida 138 personas por esta causa.
Además, recordó que el estado tiene cuatro volcanes en su territorio: el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, Las Cumbres-Complejo Serdán Oriental y La Malinche, de los que solamente el primero está ampliamente vigilado.
La funcionaria añadió que existen 50 instalaciones industriales que almacenan sustancias químicas peligrosas, sin contar el complejo Petroquímico Independencia y dos terminales de almacenamiento y reparto de combustible.
Respecto a las instalaciones de gas L.P. en Puebla, indicó que son 166, más otras 38 plantas de distribución y 128 de expendio.
Prioridad, avanzar en Protección Civil
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, resaltó que para su administración es fundamental avanzar en materia de Protección Civil, ya que se trata de cuidar la integridad de los poblanos.
Por lo anterior, se mostró a favor de trabajar en coordinación con autoridades federales y municipales para atender las necesidades del estado en la materia.
En su intervención, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dijo que existe el compromiso del Gobierno de México para capacitar y certificar a las autoridades estatales, con la finalidad de que se encuentren preparadas en caso de una emergencia.
