Para garantizar la seguridad alimentaria, productividad agropecuaria, y promover el desarrollo rural sustentable, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el gobierno del de Puebla suscribieron el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, la Productividad Agropecuaria y la Seguridad Alimentaria 2025-2030.

El convenio entró en vigor el 7 de marzo de 2025 y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030.

Durante este periodo, se espera que las acciones coordinadas fortalezcan la economía rural de Puebla, generen empleo y mejoren las condiciones de vida de las comunidades campesinas, contribuyendo al desarrollo nacional integral y sustentable.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece las bases para una colaboración estratégica que busca transformar el sector agroalimentario de Puebla, alineándose con los objetivos de la planeación nacional.

El convenio fue firmado por el titular de la SADER, Julio Antonio Berdegué Sacristán y el gobernador constitucional, Alejandro Armenta Mier.

Objetivos y alcances del convenio

El convenio tiene como propósito principal establecer un marco de coordinación entre ambas partes para implementar proyectos, estrategias y acciones conjuntas que impulsen el desarrollo rural sustentable en Puebla.

Entre sus metas destacan el fomentar la productividad agropecuaria: a través de la diversificación productiva, el uso de prácticas sustentables y la promoción de tecnologías que mejoren los rendimientos en regiones con limitantes naturales.

Asimismo, garantizar la seguridad alimentaria, alineándose con el artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el convenio busca fortalecer el abasto de alimentos básicos.

Además, el promover la sustentabilidad con acciones orientadas a la conservación de recursos naturales, la mitigación climática y la adaptación al cambio climático.

En tanto, se busca fortalecer capacidades mediante capacitación, asistencia técnica y extensionismo para productores, así como el acceso a financiamiento, seguros y tecnologías que eleven la competitividad del sector.

El acuerdo también contempla la integración de información económica y agroalimentaria, la vigilancia de sanidad vegetal, animal y acuícola, y la promoción de productos orgánicos y bioseguridad, incluyendo el monitoreo de organismos genéticamente modificados.

Acciones de coordinación

Para cumplir con estos objetivos, las partes se comprometen a realizar actividades como:

  • Planeación participativa: Involucrar a municipios, sectores social y privado, y organizaciones campesinas en la definición de estrategias para el desarrollo rural.
  • Aportaciones conjuntas: Establecer anexos técnicos anuales que detallen los recursos federales y estatales a invertir, sujetos a la disponibilidad presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) y del estado.
  • Fomento a la innovación: Vincular la investigación científica con programas de reconversión productiva para mejorar la competitividad de las unidades económicas rurales.
  • Sanidad e inocuidad: Coordinar acciones para cumplir con normativas sanitarias y reducir riesgos de contaminación en la producción primaria.
  • Atención a desastres naturales: Apoyar a productores afectados por fenómenos climáticos mediante esquemas de seguros y recursos específicos.

Mecanismos de implementación

El convenio establece la creación de ventanillas de recepción en Puebla para orientar a los productores en la solicitud de apoyos, así como el uso del Sistema de Registro de Información de la SADER para transparentar la gestión de beneficiarios.

Además, se constituirá una Unidad Técnica Estatal integrada por representantes de ambas partes para evaluar proyectos y garantizar que cumplan con las reglas de operación de los programas federales.

Los recursos federales serán administrados a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Puebla (FOFAEP), con la obligación de dispersarlos a los beneficiarios en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

El FOFAEP también deberá reportar trimestralmente los avances y, en caso de no ejercer al menos el 70% de los recursos asignados, estos podrán ser reasignados a otras prioridades.

Compromisos y transparencia

Ambas partes asumen responsabilidades específicas. La SADER proporcionará asesoría técnica, emitirá normatividad y supervisará el uso de los recursos federales, mientras que el Gobierno de Puebla garantizará la ejecución oportuna de los programas, la rendición de cuentas y la publicación de listados de beneficiarios conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El convenio también incluye medidas para evitar la politización de los recursos, como la suspensión de propaganda gubernamental durante campañas electorales y la prohibición de incluir nombres o símbolos que promuevan a funcionarios o partidos políticos.