Los dos sospechosos fueron trasladados del Motel Ávia, de la 8 Oriente y 26 Norte al Centro de Reinserción Social (Cereso), de San Miguel a disposición de un Juez de Primera Instancia, quien les integra el proceso 134/2011, por lo que una vez que rindan su declaración preparatoria tendrán un plazo de 72 horas para que se les de a conocer su situación legal.
Al respecto de la detención de Antonio Avelino, el director de la Policía Ministerial del Estado (PME), Juan Luis Galán Ruiz, informó que durante el periodo de arraigo de los dos sospechosos, iniciado a partir del 28 de octubre, la Procuraduría General de Justicia recibió al menos 20 denuncias en contra de Antonio Rojas, lo mismo que contra Sergio Ramírez, por operaciones ilícitas donde afectaron a muchas familias poblanas mediante la supuesta venta de autopartes y vehículos, agregando que hay más implicados.
Informó que por orden de un Juez fueron cateados dos domicilios particulares de Antonio Avelino, además de 7 negocios de venta de autopartes donde fueron asegurados: 36 motores de automóviles con números alterados, vehículos de diferentes marcas y modelos que cuentan con reporte de robo y cuyos medios de identificación fueron borrados, así como autopartes de procedencia dudosa.
El jefe de los ministeriales dijo que Antonio Avelino tiene denuncias desde el 2009 hasta el 2011, que los delitos que cometió consistieron en que mediante engaños “enganchaban” a sus víctimas para que entregaran una parte o el total de una refacción y ya no las entregaban, además de que amenazaban a los defraudados para que no presentaran denuncias, les decían que estas no iban a prosperar porque “tenía muchos contactos”.
“En cuanto a los vehículos, simulaban operaciones de compra venta, incluso adquirían unidades las cuales pagaban con cheques sin fondos o que llevaban firmas apócrifas. Existen algunas denuncias de personas que no querían vender su automóvil pero mediante amenazas fueron obligados por estos sujetos a hacerlo”, dijo el funcionario.
“Antonio Avelino, de acuerdo al Sistema Plataforma México, cuenta con antecedentes penales por privación ilegal de la libertad y violación a la ley federal de armas de fuego y de explosivos, además de chantaje, despojo, robo de vehículo y robo de vehículo equiparado.