El martes 12 de febrero del 2008, Blanca Laura Villeda Martínez, en ese momento procuradora general de Justicia, llegó con las manos “entintadas de sangre” a la LVII Legislatura del Congreso del estado, para el glose en materia de procuración de justicia del Tercer Informe de Mario Marín Torres como gobernador de Puebla. La maestra Villeda encubría con todo el poder del Estado a los responsables del asesinato del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez.

Mientras la procuradora rendía el informe de actividades de su tercer año de gestión, todo su personal del departamento de prensa operaba en todas las áreas del recinto oficial repartiendo informes, con los logotipos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde ensuciaba la reputación de un hombre de 33 años de edad, que fue torturado y asesinado en los separos de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), actualmente Policía Ministerial, para tratar de justificar un crimen donde estaban implicados personal de toda su confianza de la Subdirección Operativa de esa corporación.

Pese a las acciones difamatorias emprendidas por la PGJ, la procuradora tuvo que responder a las preguntas de los diputados que componían la Legislatura LVII, donde le increpaban su opacidad en un crimen ocurrido en los separos de la PJE, la tarde del jueves 31 de enero de ese mismo año y donde además se le ocurrió “dar el pésame” a los familiares del extinto Ricardo, a quienes desde el mismo 31 de enero evitó, mando a seguir e incluso amenazó.

Los diputados Carolina O'farril Tapia del Partido Convergencia, José Manuel Benigno Pérez Vega del Trabajo, Melitón Lozano Pérez del PRD, Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez de Nueva Alianza y Luis Alberto Arriaga Lira del PRI, increparon su negligencia y contubernio en un delito que ofendió a la justicia poblana, sobre todo por la soberbia de la servidor público que no cesó en su defensa a un grupo de judiciales a los que consideraba su “gente de confianza”.

Los reclamos principales se debían a las inconsistencias en las investigaciones de la muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez, donde quedaba claro que los servidores públicos: Rodolfo Igor Archundia Sierra, en ese subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Roció Montero Valencia, directora de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, Ricardo Herrera Zaldívar, agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa de Trámite Sur, José Luis Flores Contreras y Chertikin, médico legista del Tribunal Superior de Justicia.

Lo mismo que la médico criminalística María del Carmen Castaneira, el perito fotógrafo José Felipe Cuautlayo Castellanos, el de dactiloscopia José Guadalupe Castillo García, el subdirector Operativo de la PJE, José Gabriel Gaspariano Mora, el comandante que en ese momento se encontraba de guardia en las instalaciones de la PGJ, lo mismo que los agentes que tenían bajo su resguardo las instalaciones destinadas para separos, todos ellos mintieron y alteraron pruebas a favor de servidores públicos que levantaron, torturaron y asesinaron a Ricardo Ramírez Rodríguez.




Las pruebas que implican a todos estos exservidores y otros aún servidores públicos se encuentran radicadas en las Averiguaciones Previas 020/2008/DMS-II, iniciada por la muerte de Ricardo Ramírez y la 103/2008/Atlixco, presentada por el empresario Antonio Ramírez Rodríguez, hermano de Ricardo y quien ese mismo día —Jueves 31 de enero del 2008— fue secuestrado, sólo que él sí pudo escapar del grupo de judiciales secuestradores—, porque se encuentran acentuadas irregularidades para obstruir a la justicia.

La maestra Blanca Laura Villeda Martínez, el 6 de marzo del 2008, al terminó de un acto político donde recibió un reconocimiento, presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de procuradora general de Justicia (PGJ). La intentona de obstruir a la justicia para exonerar al jefe de grupo José Díaz Salinas, al agente Rolando Contreras Chang y al jefe de grupo Carlos López Quiterio, los dos primeros por el secuestro y asesinato del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez y el tercero por el secuestro del también empresario Antonio Ramírez, sentenciados dos a 36 y el tercero a 41 años de prisión, le costó el cargo.

Tiempos oscuros

Dentro de todas las falacias esgrimidas por la PGJ, para entorpecer las investigaciones de un claro abuso de autoridad que terminó en un crimen se encontraba el informe de los tres agentes implicados, que indicaba que a las 15:00 horas del 31 de enero habían detenido a Ricardo Ramírez cuando caminaba por la avenida Juárez, que se les “hizo sospechoso” y que al revisarlo le encontraron una “chorla” para abrir vehículos.

Que lo trasladaron a las instalaciones de la PJE y que al intentar tomarle huellas se les desvaneció y murió, pero el parte médico indica que la muerte de este hombre ocurrió a las 15:00 horas, además de otras mentiras que una a una fue cayendo hasta que tres de los autores materiales alcanzaron sentencias que hasta el momento se consideran “injustas”, porque los delitos que cometieron —secuestro y homicidio— son graves, además de que se trata de servidores públicos.

Un testigo y víctima de lo ocurrido es Antonio Ramírez Rodríguez, quien sobrevivió al atentado, además de que concedió entrevista a Intolerancia Diario.

Rodríguez Ramírez dijo que fue a las 12:30 horas del jueves y no a las 15:00 horas, que su hermano Ricardo y el mismo fueron detenidos por un grupo de agentes de la PJE, cuando salieron del Hospital Ángeles, en la zona Angelópolis, ambos iban a abordar el vehículo Mondeo de color plata, propiedad de la esposa de Antonio, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo Pointer de color negro, les dijeron que eran judiciales y que iban a revisar la unidad.

En esas estaban cuando se acercó un segundo vehículo, Antonio no sabe si fue un Topaz o un Cavalier de color rojo, pero de esta unidad bajaron otros dos sujetos que se llevaron por la fuerza a Ricardo, en tanto que a él lo pasaron a la parte trasera de la primera unidad. Lo obligaron a que se acostara en el piso de la misma y le pusieron encima tres chamarras; el conductor le ordenó que no se moviera o le iba a meter un balazo en la pierna y lo iba a amarrar.

El mismo conductor le dijo que “ya no se hiciera pendejo” que no encubriera a su hermano, que estaba enterado de todo lo que hacía y que desde el sábado 26 de enero ya los estaban siguiendo.

Le dijo que a él y a su hermano los vieron salir de su casa llevando motos acuáticas, que estuvieron en Valsequillo y que después se fueron al gotcha, luego le afirmó haber visto a su hermano sacar de su casa una Voyager de color verde, sin placas, pero Antonio le aclaró que esa unidad es propiedad de su vecino, a quien sólo conoce como Jerry.

El agente que estaba interrogando —el que iba al frente del volante— le dijo que ya sabían que su hermano Ricardo había asaltado un Telcel y que había llegado en una Lincon Navigator, pero las fechas no coincidían, ellos habían comprado esa camioneta entre el 10 y 11 de enero y esta misma había cruzado la frontera el 8; sin embargo, el asalto se había reportado antes.

El interrogador volvió a decirle que por estar encubriendo a su hermano ya había pasado a perjudicar a Alfonso Domínguez —uno de sus amigos— y que lo iban a ir a detener, todo por “andarse metiendo en pedos”
Alfonso y su esposa, dice Antonio Ramírez, se dedican a la venta de muebles rústicos.

Antonio no sabía a dónde lo llevaban cuando el mismo agente que lo interrogaba le dijo que le diera los 500 mil pesos que su hermano tenía guardados en su casa.

El dinero —le explico el judicial— era propiedad de Pepe Kaufman, otro de sus vecinos, y que éste se los había robado y se los había dado a guardar a su hermano, pero éste ya no se los quería regresar y le advirtió que si no le daba ese dinero sí lo iban a matar.

Una llamada del Matra, la sentencia de muerte

Las amenazas y los interrogatorios continuaron por varias horas, Antonio no sabía dónde estaba su hermano ni a dónde se lo llevaban, en veces pensó que iban a meterse a su casa y temía por su vida y en otras les pedía que le compraran dos aspirinas porque se sentía mal y antes había sufrido un infarto.

El judicial que iba al frente del volante del Pointer negro, cada cinco minutos se bajaba de la unidad para efectuar una llamada telefónica, luego regresaba con más amenazas, hasta que una llamada de radio Matra llamó su atención.

Para ese momento el agente conductor era el que amenazaba, el copiloto sólo trataba de controlar las cosas y le decía a Antonio que él no tenía broncas, que todo era por su hermano, sin embargo la llamada lo cambió todo.

El agente conductor llegó serio, le dijo a su compañero en clave “62” y luego “64”, fue cuando el copiloto se bajó de la unidad y trajo de la cajuela una cobija que echó encima de Antonio y le dijo “yo si te meto un plomazo si te mueves”.

Antonio narró a Intolerancia Diario que en esos momentos sintió que iba a morir, los agentes ya no se comunicaban entre ellos, ya no había amenazas, la radio Matra trasmitía conversaciones entre agentes, con todo y claves y Antonio sintió que lo estaban sacando de la ciudad, les preguntó si se trataba de un secuestro y uno de ellos le dijo “no digas pendejadas”

Hubo un instante que Antonio tomó fuerzas, aprovechó que los agentes estaban preocupados y bajó lentamente la ventanilla del asiento trasero del conductor, la puerta no tenía palanca, por lo que cuando sintió que la ventana había bajado en su totalidad le aventó las chamarras y las cobijas a los agentes, sacó medio cuerpo por la ventanilla y comenzó a gritar “me quieren secuestrar”.

Los agentes no pudieron controlarlo ni hacer nada, para ese momento cinco o seis personas que estaban frente a un restaurante les gritaban, “ya los vimos”, fue cuando los dos judiciales se subieron a su vehículo, se dieron vuelta en “U” y regresaron, Antonio se había salvado.

Corrupción en la PGJ

La tortura de la que fue objeto Ricardo Ramírez y que le costó la vida no sólo fue ocultada por la PGJ a través de su titular Blanca Laura Villeda Martínez, sino que además la funcionaria se valió de los recursos del gobierno del estado —de los impuestos de los poblanos— para y mediante la oficina de Prensa de la institución elaborar boletines, con todo y logotipos oficiales, además de que convocó a una conferencia de prensa, el 10 de febrero del 2008, para “justificar” la felonía de su personal, señalando que el finado tenía antecedentes penales, dejando entrever que “por eso tenía que morir”.

Lo más grave fue que intervino en todas y cada una de las investigaciones del caso, para manipular a la justicia y para atemorizar —con su sola presencia— a quienes fueron contratados por los familiares del finado para que se hicieran segundas investigaciones periciales que al final demostraron que el empresario fue torturado y como consecuencia asesinado.

Investigaciones que requirieron un tercer peritaje que demostró el abuso de autoridad y la complacencia de la PGJ y de la mayoría de sus funcionarios.

El 15 de febrero los peritos: médico externo Alejandra Alemán Aldana, además de David Pérez Retes, perito criminalista de la empresa Retes y Asociados, quienes en una segunda necropsia practicada al cuerpo de Ricardo Ramírez hallaron pruebas que demostraban la tortura de que fue objeto tuvieron una reunión con José Luis Flores Contreras y Chertikin médico legista y la médico criminalista María del Carmen Castaneira, quienes sostenían que la muerte del empresario era natural.

Durante las 11 horas que duró la reunión la procuradora Villeda, lo mismo que la directora de Averiguaciones Previas, con su sola presencia, se dedicaron a intimidar a los peritos externos, a quienes les tomaron videos, fotos, los señalaron, todo con tal de atemorizarlos, mientras que fuera de esas oficinas, de la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, colocaron un grupo de agentes armados y uniformados, al frente del comandante José Gabriel Gaspariano Mora, para atemorizar al empresario Antonio Ramírez Rodríguez, quien esperaba con sus abogados y familia el término de la reunión.

Alejandra Alemán Aldama sostuvo que Ricardo Ramírez murió como consecuencia de una asfixia por sofocamiento, que pudo haber sido provocada una bolsa que le colocaron en la cabeza para torturarlo, que la falta de aire provocó que forzara los músculos del rostro y que se le reventaran los vasos sanguíneos, esto lo prueban con una fotografía del rostro donde se aprecian moretones que no fueron hechos por golpes.

Otra prueba que muestra es que quienes torturaron a Ricardo es la evidencia que tiene en las encías, éstas indican que hubo presión de afuera hacia adentro, con algún objeto, y que esto provocó las heridas internas, mismas que aprecian en varias fotos que la forense, con 20 años de experiencia, quien trabaja en la Secretaria de Salud del Distrito Federal, tomó al cuerpo al momento de practicarle una segunda necropsia.

Además existen las huellas de 26 lesiones de golpes contundentes y punzantes, que la víctima de homicidio presenta en sus extremidades superiores, mismas que pudieron haber sido provocadas con golpes y patadas con zapatos o botas que terminan en punta.

En tanto, los criminalistas José Luis Flores Contreras y la médico legista María del Carmen Castaneira coincidieron en señalar que Ricardo murió como consecuencia de una asfixia por bronco aspiración.

Se dijo que durante la junta de peritos los dos no fortalecieron su determinación, sino que se dedicaron a criticar el informe forense de la doctora Alemán Aldama.

David Pérez Retes, perito criminalista, de la empresa Retes y Asociados, concluyo:

“Ricardo Ramírez Rodríguez, al oponerse y resistirse al control y manipulación de su persona, se deduce que sus agresores utilizaron la violencia física provocándole en el rostro una dermoabrasión, en la zona de la boca presenta en su parte interna, en su labio superior orbicular en la línea media mucosa equimosis rojas de un centímetro de diámetro, en el labio inferior línea media equimosis roja de medio centímetro de diámetro, pudiendo estas haber sido provocadas por presión por sofocamiento.

”La evidencia física del cuerpo del occiso nos muestra que tuvo obstrucción en vías respiratorias altas, es por ello que en región esternocleidomastoideo presenta múltiples petequias hemorrágicas rojas de predominio del lado izquierdo del de la fosa supraclavicular hacia región supraclavicular, petequias hemorrágicas rojas en la línea media clavicular y región deltoidea, irregulares en número de seis de medio centímetro, línea media anterior en apófisis del manubrio lateral izquierdo equimosis rojas de dos por tres milímetros, clavícula derecha equimosis roja lineal de 1.5 centímetros por medio centímetro, petequias múltiples región anterior deltoides derecho.”