La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que el día de ayer, la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Norte, ejercitó acción penal en contra de Susana Romero Walles, de 20 años de edad, quien enfrenta cargos por homicidio en razón del parentesco al documentarse su probable responsabilidad en la muerte de su menor hijo.
El 27 de enero del año en curso el Ministerio Público del área de homicidios acudió al domicilio situado en 96 Poniente 103 de la colonia Revolución Mexicana, donde tomó conocimiento del fallecimiento de un menor de cuatro meses de nacido quien de acuerdo a la necropsia realizada posteriormente, perdió la vida a consecuencia de asfixia por broncoaspiración.
Tras el deceso, Susana Romero Walles argumentó no haberse percatado del deceso de su hijo debido a que el infante se encontraba durmiendo cuando el hecho ocurrió; sin embargo el representante social advirtió una serie de inconsistencias y datos dudosos en la declaración de la mujer, aunado a que el cuerpo de la víctima presentaba algunas escoriaciones en la espalda, por lo que dicha autoridad ordenó profundizar en la investigación.
A través de pruebas periciales, testimonios de testigos, inspecciones y otras diligencias diversas desahogadas por el Ministerio Público con apoyo de la Policía Ministerial y el área de Servicios Periciales, se acreditó que el hoy finado fue víctima de violencia física por parte de su progenitora y que falleció horas después de haber sido golpeado por ella.
Consta en la averiguación previa 06/2013/AEH, que hoy finado se encontraba llorando incesantemente por lo que la hoy inculpada, quien se encontraba molesta por dicha situación y por problemas con su pareja sentimental, le propinó al menor varios golpes en la espalda y luego lo acostó boca abajo dejándolo solo, lo que ocasionó que el bebé broncoaspirara y perdiera la vida.
Con base en los elementos de prueba reunidos por la Procuraduría de Justicia, Susana Romero Walles fue puesta a disposición del juez Sexto de Defensa Social, en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, autoridad que abrió el proceso penal 30/2013 por el delito de homicidio en razón del parentesco.
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