Un caos se generó en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) después de la detención de Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.
En tanto, trascendió que la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la presencia de los mandos medios de la Policía Estatal Preventiva (PEP), además del Grupo de Operaciones Especiales (GOES),
Por otro lado, fue nombrada, al vapor, Jazmín Márquez Rodríguez como nueva directora de la Policía Estatal Preventiva. Ella suple a Emanuel Castillo Ruiz, quien previamente fue designado; sin embargo, poco duró en el cargo. Cabe recordar que Castillo Ruiz no aprobó los controles de confianza; a un así permanece en la Dirección General Interinstitucional.
Márquez Rodríguez fungía como directora general de los Centros de Reinserción Social; además, se desempeñó en diversas tareas federales bajo las órdenes de su todavía jefe Facundo Rosas Rosas, por lo que se considera del “cuadro selecto” del secretario de Seguridad Pública.
Jazmín Márquez también fue encargada de la Seguridad Pública en San Andrés Cholula.
El nombramiento no se ha hecho público; sin embargo, la oficina de prensa de la dependencia filtró a varios medios de comunicación la información y el curriculum de la funcionaria.
Hay más implicados
Por medio de reportes extra oficiales se dijo que el Ministerio Público de la Federación solicitó la presentación de los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para saber hasta donde están coludidos en el delito de la ordeña a los ductos de Pemex, además de brindar protección a las bandas que cometen estos ilícitos.
Quienes estarían dentro de la investigación son los jefes de las bases de operaciones de Tepeaca, Esperanza, San José Chiapa, Zacatepe, Acatzingo y otras zonas donde se ha registrado robos en ductos de Pemex.
Estos jefes fueron nombrados por Marco Antonio Estrada López, cuando era director de la PEP y la mayoría estaban adscritos al GOES, donde el titular era Tomás Mendoza Lozano, ambos detenidos.
Desmantelan el GOES
Todos los elementos que conformaban el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva fueron alineados en las filas de la uniformada, quedando desmantelado el grupo táctico.
Sin que se diera a conocer algún informe oficial trascendió que a todos los que conformaban el GOES les pidieron que entreguen sus uniformes y los acomodaron en los grupos de la preventiva “hasta nueva orden”, les dijeron.
El grupo táctico comenzó a operar con la llegada de Marco Antonio Estrada López, de lo único que ha sido reconocido es por la violencia con la que operaron el desalojo de los vecinos del Chalchihuapan, dejando como saldo un menor de 13 años muerto, 9 heridos por disparos de proyectiles de gas lacrimógeno y unos 70 golpeados.
Luego Estrada López fue “premiado” por su titular Facundo Rosas, quien lo nombró director de la PEP y este dejó a Tomás Méndez a cargo del grupo de operaciones.
El segundo reporte más “importante” fue el de la detención de su jefe, bajo los cargos de robo de hidrocarburos y presunta delincuencia organizada realizado por el Ejército Mexicano.
Ahora se presume que los uniformados del GOES eran quienes protegían a las bandas dedicadas a la ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Serán consignados
La delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República dará a conocer en las próximas horas la situación legal de los dos mandos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detenidos por su presunta participación en robo de hidrocarburos y delincuencia organizada. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) adelantó que ejercitará acción penal en contra de los servidores públicos detenidos.
Al medio del miércoles trascendió que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pese al anuncio de que habían sido dados de baja Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, les puso abogados y pretendía negociar con la PGR para sacar a los detenidos con el pago de una fianza.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la PGR no había consignado a un Juez de Distrito ni liberado a los detenidos. Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia adelantó que los dos servidores públicos serán consignados, aunque ninguno de estos se encuentra a su disposición.
El operativo
La Procuraduría General de Justicia informó que en relación con las investigaciones que se llevan a cabo con respecto al robo de hidrocarburo, en coordinación y con el apoyo de las fuerzas militares, y de la Policía Ministerial del Estado, se realizaron diversos cateos en la comunidad de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac y en el municipio de Felipe Ángeles, en donde lograron asegurar vehículos, armas, dinero en efectivo y combustible de dudosa procedencia.
“Los cateos realizados derivan de los trabajos de inteligencia e intercambio de información que regularmente se realizan con las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, y se llevaron a cabo en cumplimiento a órdenes de cateo que, a solicitud del Ministerio Público investigador, previamente fueron otorgadas por la autoridad judicial, con base en la información que obra en las carpetas de investigación respectivas”, refirió la dependencia.