Dos peligrosas bandas de secuestradores y asesinos sentenciados, podrían salir en libertad en las próximas horas gracias a sendos amparos.
El 26 de abril de 1998, Patricia Gómez Osorno, estudiante de administración de empresas UPAEP, fue plagiada y asesinada a manos de su compañero Carlos Solana y los sujetos Manuel Machorro Régules y Miguel Rogelio Barroso.
Ahora los tres criminales sentenciados que purgaban condenas de 50 años de prisión, podrían salir en libertad.
El segundo caso en que podrían quedar en libertad, se trata también de secuestradores confesos de empresarios poblanos y Yuri Téllez. Ambos casos a finales de la década de los 90.
Todo gracias a que ganaron juicios de amparo ante jueces federales, quienes en las próximas horas podrían ordenar la libertad de los sentenciados, basado en que el proceso fue irregular,
Ambos casos siguieron la estrategia de la afamada francesa Florance Casses, que dejó precedente en los tribunales mexicanos por salir en libertad a pesar de haberse comprobado su participación en secuestros, pero al ser detenida de manera ilegal se violaron sus derechos humanos.
Caso Patricia
Han pasado caso 18 años del caso del crimen de Patricia Gómez Osorno, que en 1998 cimbró no solo a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), sino a toda la entidad, al tratarse del primer crimen contra una estudiante universitaria, en este caso de la UPAEP.
Miguel Rogelio Hernández, Javier Solana García y Juan Manuel Machorro Regules, secuestraron y asesinaron el 20 de abril de 1998 a Patricia, compañera de salón cuando estudiaban administración de empresas.
A pesar de que se comprobó fehacientemente su culpabilidad en el proceso y fueron sentenciados a medio siglo de prisión, apenas la semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del sexto circuito, otorgó el amparo.
Así podría salir libre Miguel Rogelio Hernández Barroso, gracias a los votos del presidente Arturo Mejía Ponce de León y los magistrados José María Machorro Castillo y Jesús Rafael Aragón, quien actuó como ponente.
Miguel Rogelio Hernández, junto con sus dos cómplices, planearon plagiar a su compañera y pedir un rescate de 250 mil pesos.
Sin embargo en el momento del plagio, decidieron ahorcarla para que no los reconociera y fue arrojada a un pozo a metros del aeropuerto de Huejotzingo.
Sin saberlo, la estudiante aún estaba viva cuando la echaron al pozo, por lo que al moverse, le arrojaron piedras para sepultarla.
A pesar de que la habían asesinado, continuaron las negociaciones con la familia Gómez Osorno. El 3 de mayo de 1998 recibieron los primeros 65 mil pesos, depositados en un basurero de Aurrera San Manuel.
Fue así como las autoridades los detuvieron un día después, para finalmente confesar el crimen y llevar hasta el pozo a la policía para que encontraran el cuerpo.
Ante el ministerio público, los integrantes de la banda confesaron sus delitos con lujo de detalle, corroborado mediante diligencias de inspección ocular, levantamiento de cadáver y autopsia.
Así terminó el proceso 154/98 del Juzgado Cuarto de lo penal de la ciudad de Puebla el 2 de febrero del 2001, cuando se les dictó sentencia máxima por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y homicidio calificado.
Aunque promovieron el recurso de apelación correspondiente del cual conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del Toca 85/2001 en 2012 se confirmó la sentencia ante las abrumadoras pruebas.
Además promovieron diversos amparos ante la justicia federal, siendo rechazados cada uno, hasta que llegó el solicitado por el proceso de aprehensión, el que supuestamente fue ilegal al violarse sus derechos humanos.
Miguel Rogelio , promovió un amparo directo radicado en el expediente 164/2015, al alegar que su confesión había sido obtenida bajo tortura, lo que le resultó.
El 27 de agosto de este año se resolvió a su favor, por lo que ahora se podrá dejar sin efecto o insubsistente todo el trámite de la apelación, así como parte del juicio de primera instancia.
Además se ordenó realizar al convicto y a sus cómplices diversos estudios periciales en psicología y medicina.
Además se ordena como abrir una nueva averiguación previa, todo ello para determinar la existencia o la ausencia de la tortura alegada.
Al momento se está a la espera de que se lleven a cabo las diligencias correspondientes con las fases faltantes del juicio de la primera instancia para que en su oportunidad se vuelva a dictar sentencia.
Caso Yuri
En 1996 y 1997 Mario Antonio Morales Baqueriza y Alejandro Morales Flores, formaron parte de la banda encabezada por Armando Martín de la Fuente Treviño y por Sergio Bravo Velázquez.
En ese tiempo ejecutaron diversos secuestros en agravio de empresarios poblanos, como fue el caso de Yuri Téllez Rojas.
Ahora también los secuestradores sentenciados Mario Antonio Morales Baqueriza y Alejandro Morales Flores, promovieron un juicio de amparo similar al alegar tortura.
De este modo bajo el expediente D-190/2015 también del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, también ordena que se realice de nueva cuenta el procedimiento.
Fue el 24 de febrero de 1996 y tras varios meses de planearlo, la banda secuestró a la estudiante de la Universidad Iberoamericana Yuri Téllez Rojas, a quien mantuvieron retenida por 17 días.
En el caso de Yuri, la tardanza del secuestro y la abundante cantidad de datos que proporcionó la víctima, el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), tuvo la oportunidad de ahondar en las investigaciones.
Por el plagio de la estudiante, los hoy sentenciados obtuvieron la cantidad de 4 millones de pesos. Sin embargo ahora podrían quedar libres.