El jueves 14 de enero el jefe de grupo de la Policía Ministerial del Estado, Raúl Ávila, de 46 años de edad, fue asesinado a quemarropa por cinco impactos de arma de fuego, uno de ellos en la cabeza, cuando trataba de registrar a tres sospechosos que viajaban en un taxi en una de las calles de la colonia El Vergel.
El mismo sujeto que disparó contra el agente también lesionó a la Agente Ministerial Acreditable, Alejandra Mancilla, a quien se le ve salir en un video, del asiento del copiloto del vehiculo Jetta sin portar arma y con las manos entrelazadas seguramente por el frío que en esos momentos se sentía, la agente no llevaba puesto chaleco antibalas, lo mismo que el jefe de grupo.
En un video que circula por Internet, via You Tube se ve al sujeto, que disparó contra el jefe de grupo y contra la agente, dirigir otros disparos más hacia el interior de la patrulla Jetta y es que dentro de esa unidad había un tercer elemento, también mujer, que iba en la parte trasera y que no salió a prestar ayuda a sus compañeros, se dijo que esta mujer agente estaba también desarmada.
Los hechos ocurridos la tarde del jueves pasaado generaron molestia e indignación en las filas de la Policía Ministerial del Estado (PME), por el abandono social, económico y laboral en el que se encuentran, además de la mala preparación.
Actualmente en las filas de la PME existen dos tipos de agentes, los acreditables y los elementos que no alcanzaron a realizar el curso de profesionalización para la homologación del salario.
Los agentes, jefes de grupo y comandantes que ya tienen 45 años de edad, pese a la antigüedad que tengan en su trabajo no les permiten hacer el curso de profesionalización o acreditación, porque los consideran “acabados”.
Los agentes no acreditables ganan 6 mil 600 pesos al mes, los jefes de grupo y comandantes de esta misma línea ganan entre 9 y 14 mil pesos al mes, mientras que un agente acreditable gana cerca de 19 mil pesos al mes; un jefe de grupo y comandante acreditado goza de un sueldo superior.
Pese a estos salarios que mantienen divididos a quienes forman parte de la Policía Ministerial, existe para ambos grupos el abandono social por parte del Gobierno del Estado.
Agentes, jefes de grupo y comandantes entrevistados, coincidieron en informar que ellos no tienen Infonavit, no pueden solicitar crédito para una vivienda, tampoco tienen apoyos para sus familiares más que el ISSSTEP, del que les descuentan desde 480 pesos por quincena a los gentes que no son acreditables, hasta cantidades mayores.
El único apoyo que tienen los agentes para solventar sus deudas o realizar alguna operación en efectivo para actividades familiares como la reparación de sus casas o la compra de ropa y de otras necesidades es un préstamo que pueden pedir a Banorte, el banco donde les depositan su nómina y donde tienen que pasar meses o años para que puedan pagar, mientras les es descontado de su quincena.
El personal de la PME, antes Policía Judicial, contaban con un bono de 600 pesos al mes, como “apoyo”, otorgado por el Gobierno Federal, ese dinero se los entregan cuando la Secretaria de Finanzas quiere, dejándolos pasar hasta 6 meses para poderles dar un apoyo que no sale de sus arcas.
No hay capacitación de tiro
La muerte violenta del jefe de grupo dejó al descubierto otro grave problema que existe en la Policía Ministerial, y es que al personal no les permiten ejercitare en el uso de las armas que tienen a cargo y que les prestan para su trabajo.
El stand de tiro de la Ministerial es utilizado por el director Juan Luis Galán Ruiz, para sus reuniones personales de tiro, con amigos donde incluso ingieren bebidas embriagantes y sustancias nocivas.
“Los tiros que se gastan los podemos necesitar”.
Desde que inició la administración de Rafael Moreno Valle como Gobernador de Puebla, el stand de tiro no ha sido utilizado para capacitar a los agentes para situaciones como las del jueves pasado.
Agentes tienen más de 9 meses sin que les paguen
También hubo agentes ministeriales, de los acreditables, que denunciaron que al menos 40 de sus compañeros, entre los que se encuentra la agente que resultó herida en la agresión armada, tienen 9 meses sin recibir su salario, que los tienen trabajando sin contrato, que por lo mismo también carecen de seguro medico y que no cuentan con un permiso para portar arma.
Así las cosas fue como inició en funciones la Fiscalía General del Estado (FGE), con una Policía Ministerial sumergida en el abandono social, dividida por salarios no homologados y sin preparación.