Se comprobó la falta de protección y diversas omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la madre buscadora, Blanca Esmeralda Gallardo, asesinada en 2022.
Mediante una Recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) de Puebla confirmó las irregularidades de las autoridades en este crimen.
En el expediente 28/2024, tras investigaciones de los visitadores de la CDH, se comprobó violaciones a los derechos humanos de la madre buscadora, que finalmente derivaron en su asesinato.
Autoridades de la FGE violaron el derecho a la seguridad jurídica, por inobservar el marco jurídico aplicable para brindarle protección, así como la violación al derecho a la integridad personal de tres víctimas indirectas, y el daño al proyecto de vida de una de ellas, destaca el expediente.
El 4 de octubre de 2022, Esmeralda Gallardo fue acribillada cuando se encontraba en la lateral de la autopista México-Puebla, frente a la unidad habitacional Villa Frontera, mientras buscaba a su hija.
Su hija, Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años, desapareció en esa misma unidad habitacional en enero de 2021 y hasta la fecha sigue sin localizarse.
El crimen
CDH destaca que se logró acreditar por medio de evidencias, que después de que tras la desaparición de su hija, en una denuncia la víctima mortal inició una carpeta de investigación, mientras que ella misma emprendió la búsqueda.
El 15 de marzo de 2022, se dictaron en la Carpeta de investigación medidas de protección, las cuales, a favor de la madre buscadora, pero se realizó sin un análisis de riesgo al respecto, destaca CDH.
El cumplimiento de dichas medidas estaría a cargo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla.
Sin embargo, de manera discrecional y unilateral se determinó que la medida tendría una temporalidad de 30 días naturales, lo que se informó a la autoridad responsable el 30 de marzo de 2022.
La madrugada del 4 de octubre de 2022, la víctima fue asesinada sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la unidad habitacional Villa Frontera, cuando ya no tenía alguna medida de protección vigente.
Por lo tanto, la CDH recomendó a la FGE y al ayuntamiento de Puebla la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo medidas de rehabilitación y compensación económica.
Instó a hacer reformas institucionales para asegurar que las medidas de protección se implementen de manera eficaz y sostenida.
Indicó también que debe haber capacitación a servidores públicos con enfoque de género para prevenir la violencia contra mujeres, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.